El 24 de octubre de 2001 Mariano Rajoy, Vicepresidente primero y Ministro del Interior en el gobierno Aznar –época de dobermans- , suscribió contrato de compra por 2.300 millones de pesetas, 13.823.278,40 euros, de un software para interceptar comunicaciones de posibles sospechosos de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, terrorismo y otras formas de crimen organizado, incluido el económico. Dos años mas tarde, y después de haberse gastado una millonada de los impuestos de los contribuyentes, el gobierno de la derecha comienza a tener dudas sobre si habría suficiente cobertura legal al entrar en funcionamiento el sistema, por lo que comenzaron el impasse del quiero y no puedo.Cuando el Gobierno socialista llega al Gobierno de España en marzo de 2004 por decisión de los españoles, se encuentra con un proyecto millonario mal dirigido y peor establecido en el baúl de los recuerdos. Tomando las riendas del asunto para poner en funcionamiento aquello por lo que habían pagado con sus impuestos los ciudadanos: una potente arma para detener terroristas, criminales, mafiosos y delincuentes de guante blanco escurridizos, un sistema capaz de grabar conversaciones, archivarlas, localizar y reconstruir el recorrido de una persona en los últimos meses, y saber que ha pasado, hablado y con quién, sin la necesidad de que una persona este todo el día escuchado, como se hacia con los sistemas tradicionales. El sistema SITEL estuvo a prueba hasta diciembre del año 2004. El Teniente Fiscal de Madrid Pedro Martínez, elaboró solicitud al Fiscal General solicitando cobertura legal para este nuevo procedimiento, por lo que se regula la legalidad de esta poderosa herramienta informática en el Capitulo II, Titulo V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones de 15.4.2005, y en octubre de 2007, en la Disposición Final primera de la Ley 25/2007 de Conservación de los Datos de las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones , donde queda plasmada la esencia del reglamento, haciendo desaparecer los posibles déficits de cobertura legal que pudieran albergarse.
La Asociación de Internautas recurrió el Reglamento ante el Tribunal Supremo y llevó el asunto al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea, aduciendo los informes que hubo durante los gobiernos del PP en los que se ponía en duda la cobertura legal del sistema SITEL -¿Ilegal lo que habían comprado?-. El Tribunal Supremo rechazó en sentencia de fecha 5 de febrero de 2008 este recurso, considerando que la Ley General de Telecomunicaciones era un marco normativo adecuado para regular la interceptación de conversaciones telefónicas de presuntos delincuentes, argumentado que cualquier afectado puede recurrir al Tribunal Constitucional, y recogiendo en la sentencia, que el Reglamento recurrido era insuficiente, pero que antes de ser dictada, el legislador ya había aprobado la Ley 25/2007, incorporando gran parte del Reglamento, con lo que había quedado validada la norma objeto del recurso adquiriendo rango de ley.
Con las declaraciones de Esteban González Pons echando en lomos del Gobierno presuntas ilegalidades sobre las escuchas telefónicas a supuestos corruptos que afectan al entorno del PP, da la impresión de que el proyecto que el gobierno popular compró, les ha sobrepasado de largo a ellos mismos. Tal vez no sabían el alcance que podría tener este sistema -¡O sí. Quién sabe!-. En España las comunicaciones en cinta, cassette o Sitel, solo pueden ser intervenidas por mandamiento judicial y eso todos los demócratas que creemos en el Estado de Derecho los sabemos, pero lo peor de las declaraciones de los dirigentes populares no es que intenten cargar irregularidades varias sobre los socialistas, a eso todo el mundo está acostumbrado, si no que, el Partido Popular ponga todo el énfasis en la forma del proceso, más que en el fondo de la cuestión, dicho de otra manera, no se centra en el descubrimiento, destierro y encarcelamiento de los posibles corruptos,….. se dedica a revisar, y parece que a tumbar, las armas que la policía, la fiscalía, la justicia y el estado, tienen para descubrir, detener y encarcelar a los que se lucran y aprovechan de los ciudadanos españoles.Muchos delincuentes no han ido a la cárcel, aun habiendo cometido delitos, por que el defecto de forma les ha librado de ella. Lo que no significa que hayan dejado de ser unos cobardes delincuentes sinvergüenzas. De nuestra mano está evitarlo.
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Fue antes del verano, en una reunión privada en la séptima planta de la sede nacional del Partido Popular, donde el ex del Fondo Monetario Internacional Rodrigo Rato, pidió personalmente a Rajoy la presidencia de la cuarta entidad financiera de España. Dicho y hecho. Rajoy se dispuso al convencimiento de Esperanza Aguirre para situar a Rato al frente de CajaMadrid. Con lo que no contaba Rajoy era la resistencia del clan Madrileño de Espe a la pérdida de poder, ese que llena portadas de periódicos con redes de espías, corruptelas en tramas Gurtelianas, fundescamnes empresariales y demás gestapillos. Rajoy tiene a su lado al clan Gallardón, enfrentado en guerra eterna con el clan Aguirre por el poder en el guateque madrileño. Es mucho lo que está en juego. Cuando se ostenta el control absoluto de la Comunidad, del Ayuntamiento, de los municipios más pudientes, de medios de comunicación, del empresariado, de algunos sindicalistas y de las mentes madrileñas, se hace imprescindible la disposición de un banco, pues el control total hay que digerirlo, y un amo de llaves con adhesión a la causa es fundamental para la supervivencia de los clanes y la tropa.














66-32 a favor de Río de Janeiro en detrimento de la candidatura de Madrid. Esta ha sido la votación final del Comité Olímpico Internacional (COI) para la ciudad que albergará los Juegos Olímpicos del año 2016. La lógica aplastante de la decisión desde el principio de las deliberaciones, ha dejado fuera a la primera de cambio a Chicago, pues no podía ser que EEUU celebrase, como viene haciendo cada dos o tres olimpiadas, otra en su territorio, aunque los estados sean diferentes. Tokio le siguió a la zaga, y no creo que los japoneses tuvieran muchas esperanzas de verse ganadores, al haber sido la china Beijín, la última en celebrarlos. Quedaban Madrid y Río de Janeiro, donde no había color, y así lo han demostrado las votaciones, por mucho que la delegación española fuera esperanzada.
La ciudad y la comunidad de Madrid han hecho un gran esfuerzo económico por llegar hasta donde han llegado, pero no basta. No basta con poner encima de la mesa miles de millones de euros para conseguir eventos. Con las olimpiadas no. No son la formula 1. Hace falta ilusión. Y después, trasmitir esa ilusión para que sea el revulsivo de la implicación total de todos los ciudadanos. Y eso nuestra derecha no lo sabe hacer. Cree que solo con dinero y con sus descafeinados deportistas, que no hacen más que mirarse al espejo, les van a conceder todo. No entienden que el bolsillo que más vale no es el del pantalón, sino el de la camisa. Hasta con el logo y sus colores han intentado barrer para su casa ideológica. Así no se ganan olimpiadas. Madrid tendrá que esperar a que haya un alcalde y un presidente autonómico socialistas para ver correr por sus calles la maratón olímpica. Mientras tanto los madrileños se tendrán que conformar con las impertérritas escavadoras, los túneles inundables, su urbanismo salvaje y su increíble endeudamiento.
























