EL CAZADOR CAZADO

El 24 de octubre de 2001 Mariano Rajoy, Vicepresidente primero y Ministro del Interior en el gobierno Aznar –época de dobermans- , suscribió contrato de compra por 2.300 millones de pesetas, 13.823.278,40 euros, de un software para interceptar comunicaciones de posibles sospechosos de organizaciones criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes, terrorismo y otras formas de crimen organizado, incluido el económico. Dos años mas tarde, y después de haberse gastado una millonada de los impuestos de los contribuyentes, el gobierno de la derecha comienza a tener dudas sobre si habría suficiente cobertura legal al entrar en funcionamiento el sistema, por lo que comenzaron el impasse del quiero y no puedo.

Cuando el Gobierno socialista llega al Gobierno de España en marzo de 2004 por decisión de los españoles, se encuentra con un proyecto millonario mal dirigido y peor establecido en el baúl de los recuerdos. Tomando las riendas del asunto para poner en funcionamiento aquello por lo que habían pagado con sus impuestos los ciudadanos: una potente arma para detener terroristas, criminales, mafiosos y delincuentes de guante blanco escurridizos, un sistema capaz de grabar conversaciones, archivarlas, localizar y reconstruir el recorrido de una persona en los últimos meses, y saber que ha pasado, hablado y con quién, sin la necesidad de que una persona este todo el día escuchado, como se hacia con los sistemas tradicionales. El sistema SITEL estuvo a prueba hasta diciembre del año 2004. El Teniente Fiscal de Madrid Pedro Martínez, elaboró solicitud al Fiscal General solicitando cobertura legal para este nuevo procedimiento, por lo que se regula la legalidad de esta poderosa herramienta informática en el Capitulo II, Titulo V del Reglamento de la Ley General de Telecomunicaciones de 15.4.2005, y en octubre de 2007, en la Disposición Final primera de la Ley 25/2007 de Conservación de los Datos de las Comunicaciones Electrónicas y a las Redes Públicas de Comunicaciones , donde queda plasmada la esencia del reglamento, haciendo desaparecer los posibles déficits de cobertura legal que pudieran albergarse.

La Asociación de Internautas recurrió el Reglamento ante el Tribunal Supremo y llevó el asunto al Defensor del Pueblo y a la Comisión Europea, aduciendo los informes que hubo durante los gobiernos del PP en los que se ponía en duda la cobertura legal del sistema SITEL -¿Ilegal lo que habían comprado?-. El Tribunal Supremo rechazó en sentencia de fecha 5 de febrero de 2008 este recurso, considerando que la Ley General de Telecomunicaciones era un marco normativo adecuado para regular la interceptación de conversaciones telefónicas de presuntos delincuentes, argumentado que cualquier afectado puede recurrir al Tribunal Constitucional, y recogiendo en la sentencia, que el Reglamento recurrido era insuficiente, pero que antes de ser dictada, el legislador ya había aprobado la Ley 25/2007, incorporando gran parte del Reglamento, con lo que había quedado validada la norma objeto del recurso adquiriendo rango de ley.

Con las declaraciones de Esteban González Pons echando en lomos del Gobierno presuntas ilegalidades sobre las escuchas telefónicas a supuestos corruptos que afectan al entorno del PP, da la impresión de que el proyecto que el gobierno popular compró, les ha sobrepasado de largo a ellos mismos. Tal vez no sabían el alcance que podría tener este sistema -¡O sí. Quién sabe!-. En España las comunicaciones en cinta, cassette o Sitel, solo pueden ser intervenidas por mandamiento judicial y eso todos los demócratas que creemos en el Estado de Derecho los sabemos, pero lo peor de las declaraciones de los dirigentes populares no es que intenten cargar irregularidades varias sobre los socialistas, a eso todo el mundo está acostumbrado, si no que, el Partido Popular ponga todo el énfasis en la forma del proceso, más que en el fondo de la cuestión, dicho de otra manera, no se centra en el descubrimiento, destierro y encarcelamiento de los posibles corruptos,….. se dedica a revisar, y parece que a tumbar, las armas que la policía, la fiscalía, la justicia y el estado, tienen para descubrir, detener y encarcelar a los que se lucran y aprovechan de los ciudadanos españoles.

Muchos delincuentes no han ido a la cárcel, aun habiendo cometido delitos, por que el defecto de forma les ha librado de ella. Lo que no significa que hayan dejado de ser unos cobardes delincuentes sinvergüenzas. De nuestra mano está evitarlo.

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