Trece años y medio de prisión para Javier Rodrigo de Santos, exconcejal de urbanismo por el Partido Popular en el ayuntamiento de Palma de Mallorca. 12 años por delitos de abuso sexual a dos menores, -por el acceso carnal por la vía anal a uno de 14 años y por conducta abusiva al practicar una felación al otro adolescente de 16 años-, y a un año y seis meses por otro delito contra la salud pública relacionado con drogas. También a una multa de 5.790 euros por los dos delitos de abusos sexuales y a otra de 10.950 euros por el delito contra la salud pública, así como, a la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros durante tres años a los dos chavales de los que sexualmente abusó, y a sus familiares, una vez finalizada la condena de cárcel.Ha tenido suerte el exconcejal al haber sido absuelto del delito de corrupción de menores, por el que la Fiscalía había solicitado otros nueves meses más de prisión, y al haber tenido en cuenta el tribunal los atenuantes de embriaguez y drogadicción, por lo que parece se le han rebajado otros diez años y seis meses.
Hace poco mas de un mes que fue condenado a dos años de prisión por un delito continuado de malversación de caudales públicos, al haberse gastado casi 53.000 euros con la visa del ayuntamiento de Palma en clubs de ambiente homosexual.
Dentro de casi un año a pasar un tiempecito a la sombra, para así hacer penitencia por haber creído que el dinero de todos era de uso personal, y hacer un ejercicio de flagelacion por incumplir lo que dicta su fe.
FOTO: www.publico.es
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3 comentarios:
QUE ABURRES YA A LAS OVEJAS, CANSINO... MIRA QUE ERES TRISTE... QUÉ PATÉTICO!!!
OPERACIÓN PRETORIA | En total hay ocho personas arrestadas
Detenidos por corrupción dos ex altos cargos de Pujol y el alcalde de Santa Coloma
* Además del alcalde, está detenido el regidor de Urbanismo, ambos socialistas
* Los constructores Josep Singla y Llúis Casamitjana se suman a los detenidos
* Por adjudicaciones amañanadas, cobro ilegal de comisiones y blanqueo
* La operación parte de otra causa contra BBVA Privanza por blanqueo
Dos cargos de confianza del gobierno catalán que dirigió Jordi Pujol, un alcalde, un regidor (ambos socialistas), un ex diputado del PSC y dos importantes constructores han sido detenidos esta mañana. En total, al menos siete personas han sido arrestadas relacionadas con una presunta trama de corrupción urbanística -bautizada como Operación Pretoria- que salpicaría a tres municipios de la provincia de Barcelona: Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Sant Andreu de Llavaneres.
Uno de los detenidos es Lluís Prenafeta, quien fue secretario de la Presidencia con Jordi Pujol. Otro de los implicados 'convergentes' es Macià Alavedra, ex conseller de Economía de CiU la época de la misma época.
Entre los cargos en activo destaca la detención del alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz Calvet y de Manuel Dobarco Touriño, regidor de Urbanismo de la misma localidad y presidente de la empresa Gramepark. De hecho, esta mañana la Guardia Civil también ha acudido a la sede de esta compañía, una empresa municipal.
También han sido detenidos Pascual Vela, el ex diputado del PSC, Josep Singla, constructor y presidente de la inmobiliaria Proinosa; y Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais. El séptimo arrestado es el ex diputado del PSC Luis García Sáez, quien ya estuvo imputado por estafa cuando presidía la inmobiliaria AGT, en el caso que fue instruído por el juez Adolfo Fernández Oubiña.
Además de las detenciones, se han realizado 13 registros, según fuentes de la investigación. Los arrestados están acusados de adjudicaciones amañanadas de obra y servicios públicos, cobro ilegal de comisiones y blanqueo.
Registros en Santa Coloma y entrada en Sant Andreu
La operación policial contra la corrupción urbanística ha tenido su epicentro, a primera hora de esta mañana, en Santa Coloma de Gramenet. Ha sido allí donde se ha concentrado una mayor presión de los agentes de la Guardia Civil. Allí, el edificio está siendo custodiado por agentes de la Guardia civil y varios vehículos policiales. A la entrada del consistorio, en la plaza de la Vila, algunos vecinos se han reunido para presenciar la actividad policial.
Según informaron Fuentes de la Fiscalía, llevan a cabo los registros la Guardia Civil junto con la Fiscalía Anticorrupción. Trabajan junto a algunos técnicos del mismo ayuntamiento y han vetado el acceso a los despachos de la Secretaría General, Servicios Jurídicos y el Departamento de Informática.
En Sant Andreu de Llavaneres, las pesquisas se centran en el convenio de urbanismo de 2006, cuando gobernaban en coalición PP y PSC. En la actualidad, el gobierno es convergente.
Dos alcaldías socialistas y una convergente
Santa Coloma de Gramanet, a sólo ocho kilómetros de Barcelona, está gobernada por el PSC, con el alcalde Bartomeu Muñoz Calvet al frente del equipo de gobierno. Cuenta con más de 115.000 habitantes.
Badalona es la tercera ciudad más poblada de Cataluña, tras Barcelona y Hospitalet de Llobregat. Con más de 221.000 habitantes, está gobernado por el PSC en coalición con ERC y CiU. El alcalde es Jordi Serra Isern, que ocupó el cargo en abril de 2008 en sustitución de Maite Arqué, quien abandonó la alcaldía para ocupar su escaño en el Senado.
BBVA Privanza como precedente
La operación deriva de una investigación abierta en la Audiencia Nacional en 2007 a raíz de los datos que aparecieron en el sumario de BBVA Privanza, que investigó un presunto fraude cometido a través del paraíso fiscal de Jersey.
En este fraude se vieron implicados varios bufetes de abogados, entre ellos el barcelonés Petrus, con el que se relaciona a algunos de los detenidos hoy por orden de Garzón.
Las investigaciones al BBVA Privanza, filial de la entidad bancaria especializada en la gestión de grandes patrimonios y radicada en Jersey, se iniciaron en mayo de 2000 tras el hallazgo en una de las sucursales del banco de un "manual de productos fiduciarios" y una "cuenta corresponsal".
Las pesquisas sobre el origen y destino de los fondos que circulaban por esa cuenta y el rastro de las transferencias llevaron hasta varios despachos de abogados, entre ellos Petrus, que -según la investigación- cooperaron presuntamente en una operativa para defraudar al fisco y de ese modo "optimizar fiscalmente" los ahorros de sus clientes.
La causa en la que Garzón investigó a los directivos del BBVA Privanza procedía a su vez del sumario sobre la gestión económica de la Expo'92 y el supuesto cobro de comisiones ilegales, después de que el Tribunal de Cuentas detectará perdidas de 35.000 millones de pesetas.
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