03 septiembre, 2009

NO ES AMNESIA, ES BURLA

Hasta 41 miembros del PP han sido condenados por la Justicia desde 2004
¿Sufre amnesia Rajoy?
V.V.
Mariano Rajoy se mostró ayer tajante a la hora de afirmar que, desde que él llegó a la dirección del PP en 2004, ningún miembro del partido ha sido condenado por los tribunales. “Se me puede escapar algún caso”, comentó, pero lo cierto es que su amnesia va mucho más allá de uno o dos dirigentes que han cometido delitos: el diario Público calcula que hasta 41 son los cargos del PP que los tribunales han considerado culpables desde 2004 de diversos delitos que van desde la prevaricación y la malversación de fondos públicos, hasta las injurias, calumnias, lesiones e incluso abusos sexuales.

“Desde 2004, no hay ningún militante el PP que haya sido condenado y hay varios, algunos luego indultados por el Gobierno de España, del PSOE, que sí lo han sido”. Así de contundente se mostraba ayer Mariano Rajoy para salir del paso de la s acusaciones que pesan contra miembros de su partido salpicados por la trama de corrupción de la Operación Gürtel, para luego seguir insistiendo en que los populares que son investigados por la justicia sufren una persecución por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al menos 41 condenados
No sabemos si Rajoy sufre algún tipo de amnesia, pero lo cierto es que son al menos 41 los miembros del PP que desde 2004 han sido condenados por los tribunales, incluso con penas de prisión. En orden cronológico, el primer condenado conservador a partir de ese año fue el alcalde de Toques (A Coruña), por un delito, nada menos, de abusos sexuales a una menor. También por abusos sexuales se condenó en 2005 al alcalde de Alzira (Valencia), Eusebio Laudes.
Prevaricación, el delito más repetido
La lista continúa: la prevaricación es el delito más repetido (condenaron por ello al ex alcalde de Torrelaguna, Jacinto Llamas; al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova; al alcalde de Almadén de Plata, José Luis Vidal Ortiz; a la ex directora provincial del Insalud de Ceuta, Malika Abdeselam; al ex delegado de Gobierno de Ceuta, Vicente Moro; al alcalde de Mozón, Adolfo Campos; al alcalde de Portillo, Luis Gómez, y al ex concejal madrileño Luis María Huete), pero hay más.
Cohecho, malversación, desobediencia….
Juan José Cazorla, alcalde de Antigua (Fuerteventura), fue condenado por cohecho en 2005; por apropiación indebida fue condenado el portavoz del PP en Tudela, Moisés Milla, y por malversación se procesó a Lluc Tomás, alcalde de Llucmajor (Mallorca) en noviembre de 2008. Por vulnerar los trámites del voto por correo tuvieron que pagar en Baeza (Jaén) los miembros del PP José María P.B. y José P.R., y hace solo unos meses, en enero de 2009, se condenó por desobediencia en cargo público al alcalde de La Línea (Cádiz), Juan Carlos Juárez.
Injurias y alcohol
Por un delito de injurias tuvo que pagar en diciembre de 2006 el alcalde de Beniel (Murcia), Pedro Coll Tovar; lo mismo que le ocurrió en 2006 al teniente de alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Fidel Lambás. Dos miembros más del partido, Ángel Blanco (senador del PP por Córdoba) y Francisco Amizián (concejal del Ayuntamiento de Almería), están condenaos por conducir bajo los efectos del alcohol.
Insultos, vejaciones y agresiones
En la lista aparecen incluso delitos tan graves como el de insultar a una compañera (Manuel Ortuño, subdelegado del Consell en Elche, en 2005), vejación de una diputada (Luis Madiedo, secretario de Acción Sectorial del PP de Gijón, en 2007); agresión a su esposa (Leopoldo Rodríguez, edil de Aldaia, en 2008); falta contra las personas en una discusión (Juan Morillo, alcalde de La Guardia, en 2008); propinar una paliza (Rafael Sánchez Lavado, alcalde de Sierra Yeguas, en 2007), y una falta de lesiones (Ignacio Francisco Pérez, edil de Otura, en 2008).
Suma y sigue
Otros delitos por los que han condenado a miembros del PP en los últimos años son, por ejemplo, el de adjudicar la compra de material a su propia empresa (lo hizo Buenaventura Gómez, alcalde de Casalarreina, en 2004), o el de derribar la parterre de la casa de una vecina (Carmelo Vega, ex alcalde de Santa Brígida, y otro edil, en marzo de 2006).
Un vistazo a la hemeroteca
Y eso que Rajoy puso el contador a cero en el momento de su llegada al partido, limpiándose las manos de todo lo acontecido antes. Francisco Correa, por ejemplo, empezó a operar con el PP antes de esa fecha, en la época de Aznar. Los datos hablan por sí solos. Rajoy debería revisar su amnesia sobre las condenas en los miembros de su partido o, simplemente, comprobar la hemeroteca antes de lanzarse a hacer afirmaciones tan contundentes como la de ayer.

La lista que olvidó Rajoy
LOS 41 CONDENADOS
Aunque Rajoy sostiene que desde el año 2004 nadie del PP ha sido sentenciado, 41 afiliados recibieron condenas
MARÍA JESÚS GÜEMES - Madrid - 02/09/2009
Jesús Ares Vázquez
El alcalde de Toques (A Coruña) fue condenado en enero de 2004 por un delito de abusos sexuales a una menor.
José Castro Álvarez
El ex alcalde de Ponteareas (Pontevedra) y otros siete ex ediles fueron condenados en enero de 2004 por prevaricación.
Manuel Ortuño
El subdelegado del Consell en Elche fue condenado en junio de 2005 por insultar a una compañera.
Buenaventura Gómez
El alcalde de Casalarreina (La Rioja) fue condenado en diciembre de 2004 por adjudicar la compra de material a su propia empresa.
Juan José Cazorla
El alcalde de Antigua (Fuerteventura) fue condenado en octubre de 2005 por un delito de cohecho.
Eusebio Laudes
El edil de Alzira (Valencia) fue condenado en diciembre de 2005 por abusos sexuales.
Fidel Lambás
El teniente de alcalde de Medina del Campo (Valladolid) fue condenado en enero de 2006 por injurias.
Jacinto Llamas
El ex alcalde de Torrelaguna (Madrid) fue condenado en marzo de 2006 junto a cuatro concejales más por prevaricación.
Carmelo Vega
El ex alcalde de Santa Brígida (Las Palmas) y otro edil fueron condenados en marzo de 2006 por derribar el parterre de la vivienda de una vecina.
Ángel Blanco
El senador del PP por la provincia de Córdoba fue condenado en noviembre de 2006 por conducción bajo la influencia del alcohol.
Manuel Vilanova
El alcalde de Vila-real (Castellón) fue condenado en noviembre de 2006 por prevaricación.
Pedro Coll Tovar
El alcalde de Beniel (Murcia) fue condenado en diciembre de 2006 por injurias.
José Luis Vidal Ortiz
El alcalde de Almadén de la Plata (Sevilla) fue condenado en enero de 2007 por prevaricación.
Luis Madiedo
El secretario de Acción Sectorial del PP de Gijón (Asturias) fue condenado en marzo de 2007 por vejar a una diputada.
Malika Abdeselam
La ex directora provincial del Insalud y miembro de la Ejecutiva del PP de Ceuta fue condenada en marzo de 2007 por prevaricación y estafa.
Moisés Milla
El portavoz del PP en Tudela (Valladolid) fue condenado en julio de 2007 por apropiación indebida.
Vicente Moro
El ex delegado de Gobierno en Ceuta fue condenado en septiembre de 2007 por revelación de secretos, calumnia y prevaricación.
Francisco Amizián
El concejal del Ayuntamiento de Almería fue condenado en enero de 2008 por circular en estado de embriaguez.
Juan Morillo
El alcalde de La Guardia (Jaén) fue condenado en enero de 2008 por una falta contra las personas en una discusión.
Leopoldo Rodríguez
El edil de Aldaia (Valencia) fue condenado en febrero de 2008 por agredir a su esposa.
Adolfo Campos
El alcalde de Dozón (Pontevedra) fue condenado en marzo de 2008 por prevaricación.
Luis Gómez
El alcalde de Portillo (Toledo) fue condenado en abril de 2008 por prevaricación.
Luis María Huete
El ex concejal madrileño fue condenado en junio de 2008 por prevaricación.
Rafael Sánchez Lavado
El alcalde de Sierra de Yeguas (Málaga) fue condenado en 2007 por dar una paliza.
Lluc Tomàs
El alcalde de Llucmajor (Mallorca) fue condenado en noviembre de 2008 por malversación.
José María P.B.
Él y José P. R., miembros del PP en Baeza (Jaén), fueron condenados en diciembre de 2008 por delito de vulneración dolosa de los trámites del voto por correo.
Ignacio Francisco Pérez
El edil del PP en el Ayuntamiento de Otura (Granada) fue condenado en diciembre de 2008 por una falta de lesiones.
Juan Carlos Juárez
El alcalde de La Línea (Cádiz) fue condenado en enero de 2009 por desobediencia en cargo público.

25 comentarios:

Anónimo dijo...

Bla, bla, bla... más mierda de la expelida por Púbico... ¡vaya novedad! No es burla, es sinvergozonería ilimitada de los progres mediáticos abonados a la mentira constante.

Anónimo dijo...

Más mentiras por gentileza de los miserables del imperio del marxistimillonario Roures. Cansinos, embusteros y mezquinos. ¡Puaj!

Anónimo dijo...

CORRUPCIÓN SOCIALISTA:

"Así, en los últimos días han sido varios los escándalos de corrupción que han salpicado a los socialistas. El pasado lunes, la Guardia Civil destapó una trama urbanística en el Ayuntamiento de Arrecife, en Lanzarote, en la que, presuntamente, estarían implicados dos miembros del PSOE: el jefe de la oficina técnica municipal, José Rafael Arrocha, y Segundo Rodríguez, ex alcalde de Tinajo y ex vicepresidente del Cabildo Insular. Ambos fueron detenidos, junto a otras siete personas, y acusados de falsificación y concesión irregular de licencias de obra.
No ha sido el único escollo de los socialistas. Apenas un día después, era detenido el ex alcalde socialista del municipio murciano de Lorca, Miguel Navarro. El arresto está relacionado con la «operación Reciclaje» contra una trama de corrupción en el seno de la Empresa Municipal de Limpieza de la localidad, Limusa, de la que presuntamente se podrían haber desviado fondos públicos para financiar a empresas privadas. Tras declarar ante el juez, Navarro quedó libre con cargos.
Y, por si esto fuera poco, otro ex alcalde socialista, Francisco Javier Raventós, ex regidor de Collbató, en Barcelona, iba a ser juzgado el martes, pero pactó en el último momento con la Fiscalía una pena de cinco años de cárcel y ocho de inhabilitación por malversar 76.426 euros durante su etapa al frente del Ayuntamiento, entre 2001 y 2003. Raventós reconoció que había abusado de su cargo para obtener dinero del erario público que debía servir para pagar a proveedores municipales. Estos son los más recientes, pero no los únicos, ya que la corrupción en el PSOE ha sido una constante. Estos son algunos de los casos más destacados en la geografía española:


Andalucía
- «Operación Malaya»: Es, sin duda, la más conocida por su envergadura. Se destapó en marzo de 2006 y se saldó con la detención de buena parte de la Corporación municipal del Ayuntamiento de Marbella. La alcaldesa entonces, Marisol Yagüe, estuvo en prisión año y medio, así como su primer teniente de alcalde, Isabel García Marcos y otros ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), PSOE y Partido Andalucista. Por la misma causa, fueron encarcelados el anterior regidor del municipio, Julián Muñoz, y el ex gerente de Urbanismo Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la operación.
- Garrucha (Almería): Al alcalde socialista, Andrés Segura, le acusaron de firmar un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se comprometía a pagar al Consistorio 2,6 millones para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio.

Anónimo dijo...

Comunidad Valenciana
La comunidad donde más han puesto sus miras los socialistas para atacar al PP, es una de las que más casos de corrupción de su partido ha registrado:
- Elche: Hace un mes el alcalde ilicitano, Alejandro Soler, declaraba como imputado por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Según afirmó, todo se debía a un «error administrativo». El PP presentó varias denuncias por el presunto pago de inserciones publicitarias de actos electorales del PSPV-PSOE con dinero del ayuntamiento.
- Bigastro: Su alcalde, el socialista José Joaquín Moya, fue encarcelado por delitos contra la ordenación de territorio, prevaricación y malversación de caudales públicos. La investigación destapó operaciones de recalificación y permutas de suelo en una zona verde del municipio para levantar naves industriales.
- Zarra: Su alcalde, Juan José Rubio, que fue expulsado del PSPV, y su hijo, pagaron 18.000 euros para salir de prisión. Dio licencias de obra a su hijo para edificar en zona no urbanizable.
- Carral: Se produjo hace dos años. El entonces alcalde socialista José Manuel Rodríguez Leal, declaró como imputado por un delito de ordenación del territorio, prevaricación y cohecho. La denuncia la interpuso una asociación de consumidores que le acusaba de dar licencias para que se construyeran hasta 1.200 viviendas en el Parque Natural de El Hondo de Elche. La Generalitat retiró al Ayuntamiento las competencias urbanísticas.
- Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albufera.


Castilla-La Mancha
- «Las Higuericas» (Hellín): En 2006 se iniciaron las obras de la urbanización «Las Higuericas», con el visto bueno del alcalde, el socialista Diego García. Incluían 680 chalés de lujo con sus respectivas piscinas, los cuales, según las denuncias tanto de ecologistas como del PP, están en un espacio declarado «Lugar de Interés Común y Zona Especial de Protección de Aves», perteneciente a la futura Red Natura 2000. Los populares denunciaron, además, sobornos para «comprar al pueblo».
- Seseña (Toledo): La urbanización de «El Pocero» ha sido uno de los casos más sonados. Francisco Hernando se propuso construir una «ciudad» de 13.500 viviendas sobre 1,8 millones de metros cuadrados de terreno rústico recalificado. Pese a que acumula casi tantas denuncias como las que presenta, anunció su intención de levantar un millón de viviendas en Madrid y se compró el yate más grande de España. Fue condenado a cuatro años de prisión y a pagar seis millones de euros por varios delitos fiscales, y se investiga la recalificación de los terrenos y varios delitos de cohecho, fraude y prevaricación. Las pesquisas llegaron hasta varios miembros del PSOE y funcionarios municipales, que podrían haber recibido más de 800 millones de euros.


Aragón
- La Muela (Zaragoza): La alcaldesa socialista de esta localidad, María Victoria Pinilla, se encuentra encarcelada desde el pasado 23 de marzo y se le imputan los delitos de cohecho, revelación de secretos, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones (exigir impuestos, deudas, prestaciones...) ilegales, y blanqueo de capitales.La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas.


Galicia
- Puerto del Son: La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia acusó al edil socialista Manuel Vázquez de comprar al menos cuatro fincas entre los años 2000 y 2006, que fueron declaradas no urbanizables, con la principal pretensión de recalificarlas con el objetivo de incrementar su valor.

Anónimo dijo...

Baleares
- Caso de «Eivissa Centre»: Además del presidente del Consell Insular, Xicu Tarrés, que está imputado, el juez encargado del caso investiga si algunos socialistas ibicencos habrían aceptado el presunto pago de comisiones ilegales por parte de la constructora Brues. A cambio, habrían obtenido la adjudicación de la ejecución del proyecto urbanístico «Eivissa Centre», para la remodelación urbanística del centro de la ciudad.


Canarias
- San Bartolomé de Tirajana: En junio de 2007 el Ayuntamiento, gobernado por Nueva Canarias y el PSOE se registraba por orden judicial en el marco de una operación contra la corrupción política. Seis personas resultaban detenidas, entre ellas un concejal y el secretario del Consistorio. La Policía Judicial rastreó todos los rincones de varios departamentos del Ayuntamiento, como el de Contratación, Actas, Intervención de Fondos, Urbanismo y Vivienda. Uno de los arrestados fue el edil del Centro Canario Nacionalista Francisco Guedes García, polémico político que fue primer teniente de alcalde y concejal socialista de Vías y Obras, pero que fue expulsado del PSC-PSOE y del grupo de gobierno municipal por distintas acusaciones de irregularidades formuladas contra él. La detención de «Pacuco», como se la conocía era una noticia esperada en ámbitos políticos del sur de Gran Canaria."

Anónimo dijo...

"Miembros del PSOE imputados o condenados por corrupción siguen ostentando cargos públicos

Los responsables del PSOE a nivel estatal y andaluz anuncian ahora tolerancia cero con la corrupción urbanística, esa misma corrupción que han venido amparando en muchos municipios. Hasta ahora la actitud del PSOE ante las denuncias de los ecologistas o ante las actuaciones judiciales era invocar la presunción de inocencia para no tomar medida alguna contra sospechosos o imputados en asuntos de corrupción.

Cuando Ecologistas en Acción denunció a Carlos Neva cuando era director del Parque Natural Sierra de Grazalema por su implicación en una trama de corrupción (compró una finca en el Parque Natural a bajo precio que había sido ofrecida a la Consejería de Medio Ambiente, consiguió una licencia ilegal para construir un hotel a pesar de que la finca era no urbanizable, montó una empresa privada…) el entonces Viceconsejero –hoy diputado- José Luis Blanco respondió mostrando su total apoyo a Neva y lanzando duras descalificaciones hacia los ecologistas a los que tildó de “fascistas” por “perseguir” a un responsable público. Neva tuvo que dimitir pero lo recolocaron como coordinador territorial de EGMASA y, después, como gerente del IMA, instituto dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz. Cuando Neva fue condenado e inhabilitado, le guardaron la plaza a la que se incorporó una vez cumplida la pena. Neva sigue siendo militante del PSOE, y el PSOE lo mantienen en este puesto de libre designación.

Cuando Ecologistas en Acción denunció la corrupción en Grazalema, el PSOE mostró su total apoyo a Antonio Mateos, que tomó duras represalias contra los representantes ecologistas en el Parque Natural (inspección de la casa de la familia de Juan Clavero, intento de expulsión de Clavero de Benamahoma declarándolo persona “non grata”…). La corrupción terminó saliendo a la luz, el técnico y protegido de Mateos fue detenido, y el mismo Mateos se encuentra imputado. ¿Qué ha hecho el PSOE? Apoyarlo y recolocarlo en un puesto político inventado como coordinador de la Consejería de Agricultura en la Sierra de Cádiz.

En Prado del Rey el Ayuntamiento, al igual que ha sucedido en Estepona, recibió sustanciosas “donaciones” de una empresa propietaria de terrenos rústicos protegidos. Al poco, el Ayuntamiento recalificó estos terrenos para un campo de golf y una urbanización con el beneplácito del PSOE provincial. Las irregularidades han llevado incluso a falsear datos sobre las disponibilidades de agua para el campo de golf.

Tampoco ha tenido reparos el PSOE gaditano en aliarse con políticos implicados en graves delitos de corrupción urbanística, como ha sucedido en El Puerto, donde a cambio del apoyo de Hernán Díaz a Cabañas en Diputación el PSOE apoyó a este delincuente en la alcaldía y miró hacia otra parte ante las continuas denuncias de los ecologistas contra la corrupción municipal.

Mientras que a nivel andaluz y estatal el PSOE parece que empieza a reaccionar ante los graves casos de corrupción en que se encuentra implicados militantes de este partido, en Cádiz, González Cabañas los ampara, protege y recoloca cuando se ven obligados a dimitir o son inhabilitados."

Anónimo dijo...

http://www.youtube.com/watch?v=QVNhtoNY6WY

http://www.youtube.com/watch?v=N-HUoR9lHQs&feature=related

Anónimo dijo...

"

MensajePublicado: 30 Nov 2008 9:22 pm Título del mensaje: PSOE andalucia corrupcion Responder citando


Alcaldes del PSOE condenados trabajan en la Diputación de Granada

Algunos pueden pensar que la tela de araña se da sobre todo en la Junta de Andalucía. NO. Se da en toda institución que haya sido gobernada por el PSOE durante el tiempo suficiente.

L D (Pedro de Tena) Tomemos hoy por caso la Diputación de Granada en un aspecto: alcaldes condenados en casos de corrupción y que están trabajando en ella, naturalmente pertenecientes al PSOE. Seguimos hablando, pues, de "tráfico de coincidencias". Es precisamente el "tráfico de coincidencias" el que debe conducir a sopesar la oportunidad de una investigación.

Comencemos por Francisco Pérez López, ex alcalde socialista de Moclín (1991). Por problemas con algunos miembros del Grupo socialista en este Ayuntamiento puso como condición para dimitir que lo colocaran en Diputación y desde los años 90 trabaja en el Área del Programa de Fomento del Empleo Agrario(PFEA, antiguo PER) como técnico.

Pero acerquémonos más a este personaje. Resulta que fue condenado en el año 2000 a ocho meses de prisión a causa de las peonadas “políticas” del PER (mencionado por Carlos Rodríguez Braun en Expansión, 25-08-2000). O sea, que un alcalde socialista condenado en firme a ocho meses de prisión sigue trabajando en la Diputación amparado por el Partido Socialista.

Decía Rodríguez Braun: "Una muestra notable de inmoralidad intervencionista en este sentido fue el caso PER, que precisamente acabó este mes con el último proceso sobre las firmas de peonadas falsas, en el que se condenó a ocho meses de prisión al ex alcalde de Moclín, Francisco Pérez López, que como casi todos los procesados dijo que "no era consciente" de haber cometido ilegalidad alguna porque actuó según las "necesidades" de la población. Se refería, claro está, a la población que cobraba, no a la que pagaba".

En el siguiente documento, aparece nuestro Francisco Pérez López, como funcionario de la Diputación. ¿Cómo entró? ¿Se hicieron pruebas? ¿Cuáles? ¿Quiénes las valoraron y puntuaron?"

Anónimo dijo...

Expropiación de Rumasa

Rumasa era un holding de empresas español propiedad del empresario José María Ruiz Mateos, su fundador. Rumasa fue expropiada por el gobierno español del PSOE el 23 de febrero de 1983, en virtud del Decreto-Ley 2/1983.

El grupo Rumasa, en el momento de publicarse la disposición, estaba constituido por 700 empresas con una plantilla que alcanzaba las 65.000 personas, y facturaba unos 350.000 millones de pesetas (más de 2.000 millones de euros) anuales. Tras la expropiación fue reprivatizada por partes.

Caso Roldán

El caso Roldán salió a la luz en noviembre de 1993, provocando la destitución del entonces director general del instituto armado Luis Roldán, quien estuvo al frente de la Benemérita, entre octubre de 1986 y diciembre de 1993. El ex director de la Guardia Civil aprovechó su cargo para enriquecerse de manera totalmente ilícita y delictiva mediante el cobro de comisiones de obras, la estafa a los constructores y la malversación de los fondos reservados de Interior.

Asimismo, Roldán recibió, a partir de 1990, sobresueldos de cinco millones de pesetas al mes por parte de la Secretaría de Estado para la Seguridad y con cargo a los fondos reservados. Esa cantidad se elevó a 10 millones desde 1991 hasta su destitución. Rafael Vera era entonces el secretario de Estado de Interior y quien manejaba los fondos reservados.

Caso Urralburu

El presidente socialista de Navarra, Gabriel Urralburu, fue procesado junto al ex consejero Antonio Aragón por delitos de prevaricación y cohecho por el cobro de comisiones ilegales por obras públicas realizadas durante su segundo mandato, de 1987 a 1991. Ambos tuvieron que dimitir de sus cargos y terminaron en prisión.

Caso Ibercorp: la caída de Mariano Rubio

Desde 1992 a 1995 estuvo en candelero una irregular operación especulativa que arrastró a la entonces denominada ‘beautiful people’, formada por adinerados financieros. Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, apareció involucrado en aquellos manejos, lo que provocó su dimisión y posterior entrada en prisión.

Anónimo dijo...

Caso Filesa

Fue un escándalo de financiación ilegal del PSOE a través de las empresas tapadera Filesa, Malesa y Time-Export, que entre 1988 y 1990 cobraron importantes cantidades de dinero en concepto de estudios de asesoramiento para destacados bancos y empresas de primera línea que nunca llegaron a realizarse.

Entre las personas vinculadas a estas operaciones se encontraban el diputado socialista por Barcelona, Carlos Navarro, y el responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote. De él derivó el “Caso Ave”, de cohecho y falsedad en relación con las supuestas comisiones ilegales obtenidas por la adjudicación del proyecto del tren de alta velocidad Madrid-Sevilla.


'CASO AVE': UN NUEVO BALDÓN PARA LA 'MEMORIA HISTÓRICA' DEL FELIPISMO

EL Supremo ha dado por cerrado el caso de las comisiones del AVE, datado en los años 80, con la condena de la que fuera coordinadora de Finanzas del PSOE Aída Álvarez. Lo que no se ha llegado a saber es si las cuantiosas sumas desembolsadas por Siemens fueron a parar sólo a los bolsillos de los condenados o una parte fue a financiar las arcas del PSOE.

Anónimo dijo...

Juan Pascual Azorín Soriano ex-alcalde de Elda, y ex-presidente del PSPV(creo que fue el número 158 de los 537 líderes que han tenido desde el 1978). Cuando dejó el cargo (porque perdió las elecciones por supuesto) tenia un total de 10 denuncias (varias junto con el arquitecto municipal )por irregularidades urbanísticas , trafico de influencias etc.. También es justo decir, que hace un par de años salió absuelto de un caso relacionado con la construcción del polideportivo. Uno de los casos más llamativos es el intento de recalificar (con plusvalias por medio of course) 4,5 km2 el 10 % de término municipal en el paraje de Las Cabañas, donde se proyectaba construir 7.500 viviendas y un campo de golf. Curiosamente el promotor implicado, es el mismo del famoso campo de golf en un pueblo de Ávila, con reportaje de Telecinco incluido. De Elda ní una palabra, pero claro "urbanismo salvaje en el PSOE", por favor....


Francisco García Gelardo ex-alcalde de Albatera y ex responsable del PSOE en la comarca de la Vega Baja. Denunciado por el SEPRONA (esto es la guardia civil) por un delito contra la ordenación del territorio por la construcción de 20 viviendas ilegales. Según la denuncia, estas edificaciones, realizadas por la San José Inversiones y Proyectos S.A. ( actualmente en suspensión de pagos) mediante un convenio firmado por el alcalde, donde se también se constuirian 1400 viviendas y un campo de golf.


Estos dos son ejemplos de lo que se denomina "urbanismo salvaje" realizado por alcaldes socialistas.

Anónimo dijo...

San Sebastián de los Reyes


El alcalde de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino (PSOE), declararó en calidad de imputado por una presunta prevaricación y malversación de fondos en el Ayuntamiento de la localidad en el llamado 'caso de las vallas'.


El proceso se refiere a irregularidades en la instalación y cobro de las vallas publicitarias en terrenos municipales y a la concesión de los derechos de explotación de los monopostes publicitarios a empresas presuntamente vinculadas con el partido socialista.


También estaban citados a declarar mañana como imputados ante el juzgado número 7 de Alcobendas el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro (PSOE), el anterior edil de Obras e Infraestructuras, Julián González (PSOE), y el secretario de Organización de los socialistas de 'Sanse', Saturnino Ureña, quien fue concejal en Ciempozuelos cuando gobernaba Joaquín Tejeiro, ex alcalde de este municipio, que fue acusado de cohecho y blanqueo de dinero.


El proceso comenzó el pasado noviembre a consecuencia de la denuncia presentada por una empresa concesionaria hasta 2002 de la instalación y mantenimiento de los monopostes, pequeñas vallas publicitarias donde se anuncian los comercios del municipio. El procedimiento que usó el Ayuntamiento para su adjudicación estaba inducido para que la concesión se realizara a favor de una determinada empresa, vinculada presuntamente a miembros del PSOE, según la denuncia que fue admitida a trámite.


Chiclana

El actual concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Muriano Ayán (PSOE), diseñó y dirigió las obras de un hotel ilegal construido en el término municipal chiclanero y que fue regularizado con la entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), hace apenas dos años.

Antes de salir elegido concejal en las elecciones municipales de mayo de 2003, Muriano, arquitecto de profesión, diseñó y dirigió las obras de construcción del Hotel Cortijo Los Gallos, pese a que la parcela en la que se edificó era de uso comercial no hotelero, según reflejaban las Normas Subsidiarias vigentes en ese momento y según constataron posteriormente informes técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y hasta un perito judicial. Además, el inmueble superaba la edificabilidad permitida e invadía linderos, cuestiones que tuvieron que ser subsanadas mediante proyectos de reforma posteriores redactados por el propio Muriano.


Una denuncia de un particular provocó la incoación de expedientes sancionadores por parte de la GMU, que terminó archivando el caso días antes de que Muriano obtuviera su acta de concejal.

Un ex concejal del PSOE canario detenido por corrupción implicó en marzo a López Aguilar

El ex concejal de Vías y Obras del PSOE en San Bartolomé de Tirajana (Maspalomas, Gran Canaria), Francisco Guedes, ha sido detenido este jueves por presunta corrupción. La juez instructora y varios agentes de la Policía Judicial cerraron las oficinas municipales para registrarlas. Dos meses antes de las elecciones, defendió su inocencia y señaló directamente a la alcaldesa de la localidad, Concepción Narváez, a Juan Fernando López Aguilar y a José Juan Santana, de Nueva Canaria, como personas "implicadas en este caso", según ha informado Canarias Ahora. Tirajana es el municipio turístico más rico de España, por número de camas y rendimientos fiscales.

Anónimo dijo...

Varios municipios del PSOE, investigados por tramas urbanísticas

* En Seseña (Toledo), el principal promotor tenía empleados a cuatro ediles socialistas que aprobaron en tiempo record una recalificación.

* El vicepresidente de la Diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio.

* El alcalde de Guillena está imputado por permitir la construcción de naves industriales en zona verde


Varias dimisiones e imputados marcan el mapa de la corrupción urbanística del PSOE.

El vicepresidente de la diputación de Granada dimitió tras una investigación de su patrimonio, mientras que en Ciempozuelos (Madrid) el alcalde, Pedro Torrejón, abandonó su cargo tras descubrirse que ingresó 800.000 euros en Andorra.

EN A CORUÑA:

Porto do Son: La fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia investiga la presunta compra de fincas por parte del edil socialista Manuel Vázquez que después eran recalificadas.

El fiscal sostiene que el concejal compró al menos cuatro fincas entre 2000 y 2006, declaradas no urbanizables, con la pretensión de recalificarlas para incrementar su valor. La investigación sigue abierta.

EN ALBACETE:
Hellín: Ecologistas en Acción denunció ante la Fiscalía Anticorrupción, a la Junta de Castilla-La Mancha y al Ayuntamiento de Hellín por autorizar, según ellos ilegalmente, el proyecto urbanístico de Las Higuericas, en un caso que se viene arrastrando desde 2003. El lugar elegido para construir una urbanización ha sido un lugar propuesto por la Junta como Lugar de Interés Comunitario (LIC). El PP lo calificó de "pelotazo urbanístico". Ahora también hay acusaciones de queel lugar se encuentra en una Zona Especial de Protección de las Aves (ZEPA). La organización ecologista dice que al empresa Cleyton Ges compró el apoyo municipal con 150.000 euros, y denunció el proyecto ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y ante el Defensor del Pueblo.

EN ALICANTE:

Albatera: El juez está investigando a la constructora San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A, a la que acusa de un presunto delito contra la ordenación del territorio. Un informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el responsable comarcal del PSOE en la Vega Baja, pudo obrar en connivencia con el promotor, Francisco García Gelardo.

EN ALMERÍA

Garrucha: El alcalde socialista, Andrés Segura, firmó un convenio con la empresa Promociones e Inversiones Hermanos Muñoz Fernández mediante el cual ésta se compromete a pagar al Consistorio 2,6 millones de euros para legalizar 28 viviendas construidas ilegalmente en el municipio. El PP denuncia, además, que los 2,6 millones pactado no es la totalidad de los beneficios percibidos.

Níjar: El alcalde socialista, Joaquín García Fernández, firmó un convenio urbanístico con uno de sus ex concejales, José Cayuela Carrique, que le permitió casi cuadruplicar la edificabilidad de una urbanización en la zona de Agua Amarga, a cambio de la cesión de un terreno para zona verde, según una querella interpuesta por Ecologistas en Acción. Además, aunque el máximo de viviendas autorizadas era de 56, llegó a 90. El proyecto Marina de Agua Amarga, que ocupa 48 hectáreas del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, en zonas con especial protección comunitaria, también está siendo investigado por la UE.

Anónimo dijo...

EN ÁVILA:

La Cañada: La Asociación de Vecinos de la Cañada han presentado una demanda contra la construcción de 59 chalés en un monte de utilidad pública por el que discurren las canalizaciones de aguas fecales. La urbanización no cuenta con servicios municipales. La asociación responsabiliza al ex alcalde, Andrés Sáez, del PSOE.

EN GRANADA:

Armilla: El vicepresidente de la Diputación de Granada y concejal de Urbanismo de Armilla, Gabriel Cañavate (PSOE), dimitió tras una polémica sobre su patrimonio y la investigación de la Fiscalía por presuntas ilegalidades en un centro comercial de la localidad.

EN HUELVA:

El Granado: Este pueblo de 600 habitantes planeaba construir unos 2.674 chalés en 454 hectáreas de terreno protegido, según denunciaban los ecologistas. El alcalde Juan Manuel Burga (PSOE), afirmaba que el proyecto es bueno para el pueblo. Incluía un hotel de 1.800 plazas y y un campo de golf. Pero la Junta Andaluza vetará el proyecto.

Matalascañas: Vecinos y propietarios del municipio denuncian que el PGOU perjudica gravemente el Parque de Doñana. El alcalde, Francisco Bella (PSOE), invitó a los vecinos a coelaborar el Plan de Ordenación, pero después fue incluyendo modificaciones con las que los vecinos no estaban de acuerdo. Los terrenos que amplía el PGOU, que se pensaban destinar a usos hoteleros o industriales, tienen graves deficiencias en cuanto a la infraestructura hídrica.

EN MADRID:

Ciempozuelos: El alcalde socialista, Pedro Torrejón, fue obligado a dimitir al saberse que ingresó 800.000 euros en Andorra y que planeó una gran recalificación de terrenos. Un juzgado de Valdemoro abrió diligencias contra él y contra el ex edil, Joaquín Tejeiro (PSOE), y ha ordenado prisión para ambos, eludible bajo fianza.

EN MÁLAGA:

Estepona: El alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), ha tenido que dar marcha atrás a un convenio urbanístico para aumentar la edificabilidad del campo Atalaya Golf para construir 135 viviendas, en una operación vinculada a Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en la Operación Malaya. Barrientos ya ha tenido que rectificar en numerosas ocasiones por operaciones sospechosas.

EN MURCIA:

Los Alcázares: El ex alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero (PSOE) está en libertad bajo fianza al igual que el ex secretario municipal Diego Sánchez Gómez y el arquitecto municipal Mariano Ayuso por su implicación en un delito urbanístico.

Anónimo dijo...

EN SEVILLA:

Burguillos: El PP denunció al Ayuntamiento de la localidad (gobernado por el PSOE, el alcalde es José Juan López) de aprobar una serie de recalificaciones que pudieron beneficiar a ediles y cargos del PSOE. Un juez archivó el día 2 de noviembre el caso por considerar que no había indicios que lo probaran.

Guillena: Justo Padilla está imputado en un presunto delito contra la ordenación del territorio por permitir construir una serie de naves industriales en un suelo reservado para zona verde y suelo no urbano, junto al polígono industrial El Cerro.

EN TOLEDO

Seseña: Investigan la recalificación de los terrenos sobre los que que contruye Francisco Hernando (Paco 'el Pocero'). El alcalde del municipio toledano, de IU, denunció presiones del PP y el PSOE para aprobar el proyecto. Tras iniciar diligencias informativas contra las más de 13.000 viviendas de Hernando, el alcalde, Manuel Fuentes, fue denunciado y llamado a declarar por calumnias por 'el Pocero'. El promotor tenía empleados a varios concejales del PSOE, que dieron el visto bueno, cuando formaban parte de la anterior corporación, a las obras de 'el Pocero'. El Ayuntamiento paralizó este proyecto de 1,6 millones de metros, pese a la recusación del alcalde queintentó 'el Pocero'. En este pleno, los concejales del PP se abstuvieron y los del PSOE votaron a favor. Y también un segundo megaproyecto de 'Paco el Pocero': un polígono industrial de 1,2 millones de metros.

EN VALENCIA:

Sueca: El alcalde del municipio, Salvador Gil, del PSOE, está imputado por tres presuntos delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y contra la ordenación territorial. También están imputados el arquitecto municipal y otro arquitecdto, socio del despacho particular del alcalde. El PP denunció a Gil por autorizar la construcción de 25 viviendas en terrenos pertenecientes al Parque Natural de la Albuefera. El permiso fue concedido a un promotor que había contratado, con ese fin, los servicios del despacho particular del alcalde.

EN VALLADOLID:

Villalba de los Alcores: Es un pequeño pueblo de no más de 500 habitantes, a 30 km. de Valladolid. En un referéndum popular, los ciudadanos mostraron su rechazo a los planes de la empresa Desarrollos Naturales Siglo XXI de construir un hotel de cinco estrellas, campo de golf y equitación y coto de caza mayor en sus terrenos. El proyecto tenía el visto bueno de la corporación municipal (PSOE), aunque la presión popular obligó al alcalde, Emiliano Rico, a someterlo a consulta para que no se asociara con los actuales casos de corrupción.

Anónimo dijo...

http://www.youtube.com/watch?v=BJAMMOOhGQk

Chaves 'subvencionó' a su hija

Dejó la presidencia de la Junta tras firmar una ayuda económica de 10,1 millones a la empresa Matsa, de la que es apoderada Paula Chaves Iborra

Chaves, con los responsables de la empresa, el día de la inauguración. | Antonio Luis Delgado

* Dejó la presidencia de la Junta tras firmar una ayuda económica de 10,1 millones a la empresa Matsa, de la que es apoderada Paula Chaves Iborra


El vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, abandonó la Junta de Andalucía tras 19 años al frente de esta autonomía al poco tiempo de presidir un Consejo de Gobierno que aprobó un incentivo de casi 10,1 millones de euros a una empresa de la que es apoderada su hija, Paula Chaves Iborra. Según expertos jurídicos, esto podría constituir una violación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos aprobada por el Parlamento autonómico andaluz durante la pasada legislatura.

Fue el día 20 de enero cuando el Gobierno de la Junta se reunió bajo la presidencia de Manuel Chaves para aprobar (a propuesta de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía IDEA, dependiente de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa) un incentivo de 10.093.472,70 euros a la sociedad anónima Minas de Aguas Teñidas (Matsa). La subvención se adoptó para financiar su proyecto de construcción de una planta de tratamiento mineral en Huelva, concretamente en el término municipal de Almonaster la Real.

Según consta en el correspondiente expediente administrativo, la Agencia IDEA dio luz verde a esta multimillonaria ayuda el pasado 13 de enero, una semana antes de ser ratificada por el Ejecutivo. Cuando dicho expediente llegó al Consejo de Gobierno, la carpeta contenía una escritura de apoderamiento a favor de la hija de Chaves fechada el 14 de enero, un día después de que el órgano decisorio hubiera acordado la subvención.

Sin embargo, según consta en el Registro Mercantil de Huelva, el apoderamiento en favor de Paula Chaves Iborra se inscribió dos meses antes, en concreto, el 12 de noviembre de 2008. Entre otras atribuciones, su responsabilidad le permitía "comparecer ante cualquier oficina o funcionario de la Comunidad Autónoma e instar, seguir o terminar toda clase de expedientes", aparte de "solicitar, tramitar, obtener y, en su caso, ceder, adquirir o transmitir licencias, concesiones y autorizaciones administrativas de todas clases".

Se da la circunstancia de que, hasta ese 12 de noviembre, la subvención autonómica que se barajaba para el proyecto minero de Matsa era bastante menos sustanciosa de la que ratificó finalmente el Gobierno de Manuel Chaves. En concreto, hubo dos propuestas de incentivo de la comisión de valoración de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación en Huelva, fechadas consecutivamente el 4 y el 5 de noviembre, que no superaban los siete millones de euros (ambas se quedaban en 6.931.780,20 euros).

Es después de que se eleven a escritura pública los poderes plenipotenciarios de Paula Chaves Iborra en Matsa cuando se produce una tercera propuesta de la Delegación de la Junta de Andalucía en Huelva, que aumenta notoriamente la cantidad subvencionable, en concreto en más de tres millones de euros, hasta rozar los 10,1 millones. Ésa es la cifra que ratificó definitivamente el Gobierno andaluz el pasado 20 de enero en un acta viene rubricada por el entonces presidente Chaves.

Anónimo dijo...

Según expertos jurídicos consultados por EL MUNDO, la firma del ex jefe del Gobierno autonómico no debiera figurar en ese documento porque, como alto cargo andaluz, estaba obligado a inhibirse del conocimiento de cualquier asunto en cuyo despacho hubiera intervenido, o que interese a empresas en cuya dirección, asesoramiento o administración hubiese tenido alguna parte cualquier persona de su familia dentro del segundo grado civil, conforme al artículo 7 a la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía.

En principio, sí parece que un asunto como éste obligaba a Chaves a excluirse de la decisión, y sin embargo presidió la reunión y no tuvo el menor inconveniente en firmar el acta de la sesión en la que se ratificó la ayuda.

La empresa Matsa cuenta con un capital social de 59,6 millones de euros. El 100% de sus acciones pertenece a la firma de capital canadiense Iberian Mineral Corporation desde 2005, coincidiendo con la cancelación de la suspensión de pagos en que estaba inmersa desde junio de 2003. En Huelva prevé extraer más de 20 millones de toneladas de mineral en 12 años, sobre todo, cobre, plomo, zinc y plata.

Curiosamente, Chaves participó, en su calidad de presidente de la Junta, en la inauguración de la propia mina el 7 de noviembre de 2007, felicitándose de que la reapertura supondría la creación de 280 empleos directos y en torno a 1.300 indirectos (de los que dijo que se pretendía cubrir con gente de la zona hasta el 75%) y resaltando que la viabilidad del proyecto respondía a que "las cosas se están haciendo bien, con seriedad y rigurosidad".

Anónimo dijo...

Ideología perversa
La corrupción política del PSOE
Pedro de Tena

Una cosa es la corrupción personal y otra, bien diferente, la corrupción política en sentido estricto. Como se ha desatado una guerra en la que se confunden interesadamente ambos asuntos, bueno estará aclararlo. Naturalmente, nos referimos a la corrupción como forma de alteración de las conductas, de modo que lo que ocurre no es lo que debería ocurrir según los criterios morales democráticos. Dice el Diccionario de uso de María Moliner que corromper es "quebrantar la moral de la administración pública o de los funcionarios. En especial, hacer con dádivas que un juez o un empleado obren en cierto sentido que no es el debido". O sea, comprar decisiones injustas para beneficio de quien paga. Pero la corrupción de una persona o de una trama de personas, por infame que sea, no es lo mismo que la corrupción política.

Ni siquiera la corrupción del cacique que describiera Joaquín Costa tiene que ver con la corrupción política como tal. Decía Costa sobre la corrupción caciquil que:

Era declarado exento del servicio militar quien él quería que lo fuese, por precio o sin él; se extraviaban los expedientes y las cartas que él quería se extraviasen; se hacía justicia cuando él tenía interés en que se hiciera, y se fallaba a sabiendas contra ley cuando no tenía razón aquel a quien él quería favorecer; se encarcelaba a quien él tenía por bien, siquiera fuese el más inocente; a quien quería librar de la cárcel, lo libraba, sacándolo sin fianza, aunque se tratase de un criminal; se imponían multas si era su voluntad que se impusieran, hubiese o no motivo; se repartían los tributos no según regla de proporción y conforme a las instrucciones de Hacienda, sino conforme a su conveniencia y a la de su clientela, o a la fuerza que trataba de hacer a los neutrales, o al castigo que quería imponerles por su desprecio o por su entereza; a quien quería mal o no se sometía, hacía pagar doble; las alzadas no tenían curso o sucumbían en el carpetazo; las carreteras iban no por donde las trazaban los ingenieros, sino por donde caían sus fincas, sus pueblos o sus caseríos; los montes del Estado que habían de comprar ellos o sus protegidos tenían la cabida que ellos fijaban, y se anulaban las compras de los contrarios; se aprobaban las cuentas que él recomendaba, y por otras iguales se multaba o se encausaba a un Ayuntamiento, porque no era de su parcialidad o de su agrado; era diputado provincial, alcalde o regidor aquel a quien él designaba o recibía para instrumento de sus vanidades...

Pero era una persona, el cacique, quien promovía estas irregularidades que, aun teniendo que ver con la política, eran causadas por el interés personal del cacique.

Entiendo por corrupción política la que se deriva de una ideología política que permite la alteración de las reglas de juego democrático –desde el robo a la prevaricación, desde la sentencia injusta a la persecución–, para defensa, promoción y poder del propio partido y que está organizada desde el propio partido, no por unas personas aisladas o grupos del mismo.

Anónimo dijo...

Recuerdo que cuando Kasparov y Karpov se combatían minuciosamente sobre los tableros de ajedrez en la Sevilla de finales de 1987, José Rodríguez de la Borbolla, entonces presidente de la Junta de Andalucía, y Alfonso Guerra, entonces todopoderoso vicesecretario del PSOE, se herían en la oscuridad de manera sistemática por el control del socialismo andaluz. Nos contaron ilustrados socialistas que el motivo principal de la querella no era sino la organización de las finanzas del PSOE de Andalucía. Guerra acusaba a Borbolla de promover una red autonómica de financiación "oscura", tipo la que luego se conoció como Filesa, que no obedecía las órdenes de Ferraz. Es decir, se acusaba a Borbolla de implantar una red de financiación irregular paralela a la red dirigida por Galeote y otros. Eso, como tal, era un peligro para los jacobinos del socialismo español y, mediante el guerrista Carlos Sanjuán en la primera fase y mediante el propio Chaves en la segunda, defenestraron a Borbolla. No era el elemento amoral y corrupto lo que se afeaba en estos comportamientos, sino que se hicieran al margen del partido. Cuando se descubría, recuerden el caso Guerra, el problema no era la moralidad de las conductas, sino el daño que al partido le hacía el descubrimiento.

La corrupción política propiamente dicha ha sido patrimonio, hasta el momento, del Partido Socialista. Lo es porque ideológicamente defiende el relativismo moral en materia de actuación política salvo en lo relativo a la preeminencia del partido y no se refiere sólo a cuestiones económicas, sino a las propias reglas de juego de la democracia que pueden y deben ser alteradas, saltadas o incumplidas si es el interés del partido el que está en juego. Cuando una organización se pone a sí misma por encima incluso de la democracia como sistema de convivencia y como conjunto de valores, la corrupción es un corolario. Con tal perversión ideológica –si se dice uno demócrata–, se pueden falsear o interpretar torticera y deslealmente normas parlamentarias, aprobar decretos beneficiando a quienes posteriormente pagarán generosamente su contribución a la causa, organizar una cacería judicial y política contra los adversarios usando de las instituciones y medios del Estado y otras cosas más graves de desgraciado recuerdo. Filesa y la collera Garzón-Bermejo son ejemplos preclaros de lo que intento decir. Y además, son cosas organizadas desde el propio partido, desde la propia organización, no por personas ni siquiera por tramas.

Filesa era un sistema de financiación del PSOE, no de tal alcalde o consejero, consistente en utilizar las decisiones en las que intervenía el dinero público para nutrir las arcas del partido. O bien se cobraban comisiones a empresarios para concederles proyectos –recuerden cómo Borrell lo precisó cuando llegó al Ministerio de Obras Públicas–, o bien se decidían concursos de gran relevancia debido a la compensación económica que recibía el partido, como fue el caso del AVE. Y así se operaba en todos los niveles del partido, desde el nacional hasta el local. La justificación más frecuente que he oído es que como el PP se financiaba con ayuda de los ricos el PSOE debía financiarse con los ingresos del Estado. Ni Polanco, ni Slim, por poner dos ejemplos, han sido nunca ricos, naturalmente.

Lo del PP es distinto. Que haya personas, e incluso tramas en el Partido Popular, que traten de quebrantar la ley, la moral de la Administración, que pretenda, vamos, robar, beneficiarse de decisiones políticas y económicas, implica que en el PP hay elementos corruptos, no que el PP practique la corrupción política en sentido estricto. Para el PP, tales comportamientos son condenables y se perciben dentro de la organización como un pecado, como algo moralmente impropio. Es decir, la ideología confusa que alimenta al PP tiene, empero, algo bien claro: el respeto de las reglas del juego y de la democracia. Y, desde luego, no están organizadas desde el PP, desde sus órganos de dirección y por sus máximos representantes.

Anónimo dijo...

No, no es lo mismo. La corrupción personal tiene que ver con la naturaleza humana y ocurre, también, en la política. La corrupción política en una democracia tiene que ver con ideologías y partidos que se ponen a sí mismos en la cumbre del valor absoluto y que consideran medios, y no fines, a personas, dineros e instituciones. En una democracia sana y normal, la corrupción política no puede ser consentida. Pero cuando la democracia no es más que un escalón formal que ayudará al partido a apoderarse hegemónica o totalmente de una sociedad, todo está permitido.

Anónimo dijo...

Corrupción socialista en Andalucía

De Marbella a Estepona

La hipocresía dura lo que dura porque, al final, recubre una mentira y la mentira, nadie sabe por qué, tiene una tendencia innata a ser descubierta, se tarde más o se tarde menos. Chaves debería, como dice Benedicto XVI; liberarse "de las mentiras ocultas con que se engaña a sí mismo". Pero no, no lo hace. Trató de engañarnos con Marbella. Y trata de engañarnos ahora con Estepona. Las cosas, lamentablemente, no son tan sencillas y esto de mentir, en otro tiempo regocijo impune, sale cada día más caro.

Lo de Marbella tardó en salir a la luz, pero se supo finalmente cómo el PSOE había estado y estaba en pleno apogeo de la corrupción. Propusimos este guión, y a pesar de que no está todo escrito, casi se sabe lo fundamental:

1.

Entrevistar a Alfonso Cañas, primer alcalde socialista de Marbella y demandarle que cite quiénes eran, mucho antes que Gil, los altos cargos socialistas que cobraban comisiones en Marbella y le acosaban pidiendo recalificaciones, cosa que ha testificado en la prensa.
2.

Preguntar al segundo alcalde socialista de Marbella por qué consintió, y a quienes, los desmadres que supusieron que Gil enarbolara la bandera de la regeneración marbellí en las elecciones de 1987 y siguientes.
3.

Exigir de la decencia, si les queda, de Jaime Montaner y José Miguel Salinas (actualmente con más negocios urbanísticos en Estepona a través de otras empresas), destacados ex altos cargos de la Junta de Andalucía, que cuenten cuántas y de qué importe fueron las comisiones pagadas por Jesús Gil a personas del PSOE de Andalucía y qué destino tuvieron los 85 famosos millones que Gil entregó en un cheque en una reunión clandestina con altos dirigentes del PSOE.

Muy especialmente deben aclarar qué significa lo que denunció la "verde" Inmaculada Gálvez, después diputada del PSOE: "Paralelamente, a don Jesús Gil, por fuente no determinada, le fue indicado que para solucionar los inconvenientes relativos a la edificabilidad de su parcela, que la resolución de la Junta de Andalucía dejaba en suspenso, debía ponerse en contacto con José Salinas González, abogado cordobés y padre de José Salinas, vicepresidente en esos días de la Junta de Andalucía, y de Rafael Salinas, asesor jurídico del Ayuntamiento de Marbella", según la querella. "Se celebraron diversas entrevistas entre Salinas González y su yerno Higinio Rodríguez con Gil, en el curso de las cuales le fue exigida a éste último la cantidad de 220 millones de pesetas, a fin de remover todos esos obstáculos existentes a la edificación."
4.

Reclamar de los hijos de Jesús Gil y su entramado toda la verdad sobre lo que ha ocurrido en Marbella, sin tapujos. Que cuenten sus porquerías y que cuenten las porquerías de los demás que algunos quieren y han querido hacer pasar por ajenas.
5.

Invitar a Isabel García Marcos, ex alto cargo socialista y amiga íntima de Carlos Sanjuán, ex secretario general del PSOE de Andalucía, detenida en el aeropuerto tras su regreso de la luna de miel, que explique lo que sabe de Gil y del PSOE en esa trama siniestra.
6.

Preguntar al señor Chaves, al señor Zarrías, al señor Marmolejo Ledesma y al señor Pizarro, entre otros, si conocían los contactos que se establecieron entre Gil, el PSOE y la Junta de Andalucía con motivo del pago de comisiones y en qué consistieron los acuerdos a los que se llegaron.

Anónimo dijo...

Hay mucho más bacalao que cortar, pero para empezar ya nos valdría conocer con precisión todo eso.

Pero el caso de Estepona, que llega mucho más tarde, con los callos morales más duros y extensos y con la experiencia policial más minuciosa y eficaz, ha dado desde el principio en la diana. Aquí ya se ha llegado al corazón de las tinieblas y ha quedado desde el principio de manifiesto que:

1.

El ex alcalde socialista Antonio Barrientos no era cualquier cosa en el entramado de poder socialista. Amigo de Bono y de Rojo, presidentes hoy del Congreso y del Senado respectivamente, le hacía aparecer como fortaleza inexpugnable para el poder judicial.
2.

Manuel Chaves mantiene a este imputado en su papel de candidato a la alcaldía de Estepona a pesar de conocer, de viva voz o documentalmente, qué estaba pasando en Estepona, como mucho antes todo el PSOE andaluz sabía lo que pasaba en Marbella.
3.

La propia juez del caso ya ha detectado como elemento negro del dinero la financiación irregular e ilegal del PSOE y de otros partidos.

¿Qué más tiene que pasar para que un presidente socialista asuma la responsabilidad, cuando menos, de haber consentido la putrefacción total de la Costa del Sol, si no cosas mucho más graves? Pues nada. En vez de irse a su casa, Manuel Chaves se sucede a sí mismo en una historia interminable. La democracia en Andalucía está a régimen, a régimen del ordeno y mando de don Manuel y del despotismo imperfecto del PSOE de Andalucía.

Anónimo dijo...

En fin, que oír hablar a los socialistas de corrupción y además atreviéndose a dar lecciones es como el Führer del III Reich dando lecciones para amar a los judíos. Es de traca. Y se cae por su propio peso. Ya no engañáis a nadie por mucho que insistáis en vuestras mentiras, y los progres, como les pasó en las europeas, volverán a darse de bruces por intentar estigmatizar, linchar y aniquilar incluso usando las cloacas del Estado a la oposición mientras el gobierno y los sociatas navegan en una inmensa corrupción desde tiempo inmemorial y de la que, lejos de librarse, siguen promoviendo con el mayor descaro. Lógico en una panda de sinvergüenzas que siempre contarán con la colaboración de aquellos a los que les pagan los favores como a los de la vil, miserables y manipuladora factoría de Roures y cía.

Óscar dijo...

Que fuerte, fascistas negando la evidencia.
¿Os mola que os roben los vuestros o directamente formais "parte del ajo" la piara fascista que habeis entrado aquí intentando matar al mensajero?

Por si acaso, aquí están los enlaces que muestra Público verificados, con su correspondiente enlace para poder comprobarlos.
En algunos casos a sentencias, en otros a "diarios de vuestro PPalo".

Y una cosa: Público se ha olvidado de bastantes. Fascistas. Mangantes. Chorizos. Franquistas.
http://www.lasmalaslenguas.es/2009/09/03/los-condenados-mas-poppulares-y-renegados-por-mariano-y-soraya-tres-perdigones/

Izquierda Don Benito dijo...

Además de las condenas y su posterior olvido aprovechando la ignorancia de la gente y sus pocas ganas de informarse (denostando si es preciso a los pocos medios de información no controlados), como denotan muchos comentarios ("anónimos", por supuesto) de esta entrada; además, decía, está el empecinamiento del PP en defender al verdugo antes que a la víctima. Recordemos que Fraga aún tiene pendiente condenar las acciones del exalcalde de Toques. Y por ese camino van Rajoy y Espe con la que tienen montada en Baleares, Valencia y Madrid. Y, antes de que vengan los de siempre con la cantinela de que el PSOE es peor bla, bla, bla, echad un vistazo a mi blog para que veáis mi opinión del PSOE.