12 septiembre, 2009

MÁS Y MÁS CONDENADOS POPULARES

Otro que también decía que detrás de su imputación solo había política barata y nada más, para fastidiarle a él y a su familia.

Un ex alcalde del PP, condenado a tres años de inhabilitación y multa de 73.000 euros
Su empresa compró un terreno que él mismo recalificó y más tarde edificó

El ex alcalde popular del municipio riojano de Santurde ha sido condenado a tres años de inhabilitación y suspensión y a pagar una multa de 73.000 euros por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” cometido en 2005. El ex edil, Jesús Montoya, firmó la compra de un terreno calificado como suelo dotacional con uso privado por parte de una empresa de la que era administrador solidario. Poco después aprobó la recalificación del terreno como suelo urbano con uso residencial y una empresa de su propiedad construyó allí una promoción de 47 viviendas. La sentencia subraya la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor, y duplica la pena solicitada por el fiscal.

Durante doce años (cuatro con el Partido Riojano y ocho con el PP) gobernó Jesús Montoya el municipio de Santurde (La Rioja). En 2007 dejó la alcaldía y ahora tendrá que rendir cuentas con la Justicia por su mala actuación en sus años de mandato. El juzgado de lo Penal número 1 de La Rioja ha dictado una sentencia por la que suspende de cargo público al ex edil durante tres años y le impone una sanción de 73.000 euros, el doble de lo que pedía la Fiscalía. El magistrado del caso considera que había que aplicarle la sentencia en el máximo de tiempo y con una cantidad acorde con sus posibilidades económicas y con el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” que cometió durante su mandato.
Su empresa compró el terreno
La sentencia recuerda que en julio de 2004, ya como edil del PP, Montoya autorizó la compra de un terreno propiedad de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logrono que estaba calificada en el Plan General Municipal como suelo dotacional para la construcción de una residencia de ancianos. La compra la realizó la empresa Ribera del Oja Mercantil, de la que el propio ex alcalde era administrador solidario. En septiembre del mismo año, la compañía solicitó un cambio en el Plan Municipal para convertir el suelo en terreno residencial, algo que se autorizó en enero de 2005.
Rápida recalificación
Según el auto, Montoya, en su calidad de alcalde, sabía que Diócesis había solicitado en numerosas ocasiones el cambio de la calificación del suelo, una petición que el Ayuntamiento que él regía no atendió durante cuatro años. Sin embargo, cuando fue su empresa la que adquirió el terreno, la modificación se produjo inmediatamente.
También constructor
Otra empresa también propiedad de Montoya se encargó de construir en la zona una promoción de 47 viviendas, entre edificios unifamiliares y apartamentos, además de locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.
Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
La sentencia apunta que aunque la modificación urbanística “siguió el cauce formal correcto” en una actuación “usual en todos los municipios”, no se puede olvidar la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor de las viviendas, una condición que le hace haber incurrido en el citado delito de negociaciones prohibidas.

23 comentarios:

Anónimo dijo...

Más mierda e inmundicia de la rata albina de El Plural. Anda que hay que ser un indigente mental para seguir tragándose el libelo calumniador repleto de patrañas del ex de Margarita... jajajaja.

Anónimo dijo...

ALCALDES SOCIALISTAS CONDENADOS QUE ESTÁN TRABAJANDO EN LA DIPUTACIÓN DE GRANADA

En la Diputación de Granada encuentran cobijo numerosos alcaldes socialistas que han estado condenados en procesos judiciales. Les hemos aportado los datos de TRES de ellos. FRANCISCO PÉREZ LÓPEZ, ex Alcalde de Moclín(1991), que desde los años 90 trabaja en el Area del Programa de Fomento del Empleo Agrario(PFEA, antiguo PER) como técnico y que fue condenado en el año 2000 a ocho meses de prisión a causa de las peonadas “políticas” del PER. ANTONIO MATA HITA es el segundo alcalde condenado por el PER que trabaja en la Diputación de Granada. Ayer les contamos que ANTONIO DURÁN ÚBEDA, ex alcalde de Albuñuelas, 1995-1999, fue condenado por sentencia de un Tribunal de Granada (aunque luego fue amparado por el Tribunal Constitucional) y, oh, milagro, también trabajó en la Diputación de Granada que monopoliza el PSOE. Hoy traemos a colación el caso de LUCIANO CABALLERO PADILLA, condenado por la Audiencia de Granada en 1994 e indultado por el gobierno socialista tras haber perdido las elecciones de 1996. Como los demás, encontró cobijo en la Diputación de Granada. ¿Es o no una coincidencia?Pues es precisamente este "tráfico de coincidencias" el que debe conducir a sopesar la oportunidad de una investigación. ¿O no es para investigar, periodistas de Granada, este tráfago de alcaldes condenados y colocados?

LUCIANO CABALLERO PADILLA fue alcalde de la localidad granadina de Guadahortuna desde 1987 y resultó condenado por la Audiencia de Granada en 1994. Poco después, fue indultado por Juan Alberto Belloch,. entonces ministro de Justicia e Interior y actualmente alcalde de Zaragoza, poco antes de que el gobierno Aznar tomara posesión. En concreto, lo fue el día 19 de abril de 1996 -un mes después de haber perdido las elecciones el PSOE -, por un delito continuado de falsedad en documento oficial, por el que fue condenado por la Audiencia de Granada en 1994, 16 de abril. Ver Real Decreto 674/1996.

Anónimo dijo...

molina de segura

Los concejales socialistas de Molina, Gomariz e Illán, condenados por intromisión en el honor del edil de urbanismo

La jueza obliga a que se difunda el fallo de la resolución en los mismos medios de comunicación e impone una indemnización de 1.000 euros por los daños morales causados a Gestoso


Los concejales de PSOE en el Ayuntamiento de Molina de Segura Antonio Gomariz y David Illán han sido condenados por intromisión en el honor del edil de urbanismo de esta localidad, el popular Luis Gestoso, según sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 5.
Los dos concejales socialistas denunciaron en una rueda de prensa, el 11 de mayo de 2006, que Gestoso, en la Junta de Gobierno Local del 13 de octubre de 2003, había votando a favor de conceder, a nombre de su esposa, la licencia de obra para la construcción de su vivienda, en lugar de ausentarse de la sesión, por tener un interés personal en el asunto.
Posteriormente, Gestoso y el alcalde Eduardo Contreras informaron de que el acta aportada por los ediles socialistas estaba "manipulada", ya que faltaba el fragmento en el que se informaba de que el concejal de Urbanismo se había ausentado de la reunión.
El portavoz de los socialistas, Antonio Gomariz, reconoció un día después de la rueda de prensa, mediante un comunicado, que debido a "un error administrativo e informático" en el documento aportado a los periodistas no figuraba que el edil de Urbanismo se había ausentado de la reunión, porque parte del documento se había traspapelado.
Aplicando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la jueza entiende que, en este caso, debe prevalecer el derecho al honor del demandante sobre la libertad de expresión y de información, porque la información dada por los concejales socialistas "en modo alguno se ajusta a la verdad y se trata de imputaciones graves y desmerecedoras del honor de Gestoso".
La jueza obliga a que se difunda el fallo de la resolución en los mismos medios de comunicación e impone una indemnización de 1.000 euros por los daños morales causados a Gestoso "para restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos y prevenir intromisiones ulteriores".
Esta indemnización supone la mitad de lo solicitado por el demandante al entender la jueza que el edil "ha contribuido a extender los efectos del daño inicial" al comparecer ante los medios de comunicación.
La jueza evita pronunciarse sobre si el acta de la Junta de Gobierno Local que emplearon Illán y Gomariz para acusar al concejal de Urbanismo había sido manipulada, porque éste sería un delito penal que debe ser objeto de la jurisdicción penal.

Anónimo dijo...

Mérida

Calle y miembros del PSOE son condenados por intromisión al derecho del honor de Pilar Vargas

La portavoz del Grupo Municipal Popular (GMP), Pilar Vargas, ha anunciado esta mañana que el Juzgado número 2 de Mérida ha condenado al primer edil emeritense, Ángel Calle, y al PSOE por intromisión al derecho del honor, como consecuencia de "los numerosos insultos, calumnias y vejaciones" publicadas en la Web www.angelcalle.com contra el PP.

De este modo, Vargas ha recordado que cuando el PSOE estaba en la oposición, publicó en la citada página Web una serie de "insultos" contra el entonces equipo de gobierno del PP.

Tras las mismas, ha explicado Vargas, los populares pidieron a los socialistas que se disculpasen públicamente ante el entonces equipo de gobierno, que rectificase y retirasen esos "insultos y vejaciones".

Ante la negativa de Calle, que según ha citado Vargas del acta de un pleno municipal, manifestó "denúncieme en los tribunales", el GMP procedió a denunciar estos hechos ya que además consideraron que eran "ganas de crispar el ambiente".

Actualmente, el Tribunal ha dado su veredicto en esta cuestión, a pesar de que según ha recordado Vargas, el primer edil, "de forma increíble", negó que tuviese algo que ver con esta Web. No obstante, la sentencia especifica que este dominio de Internet está a nombre de la Agrupación Municipal Socialista del PSOE de Mérida, que también ha sido condenada por ello.

SENTENCIA HISTÓRICA

Vargas ha explicado que "es la primera vez en la historia de Mérida", y ha indicado que posiblemente sea la primera vez en España, que se condena a un alcalde en ejercicio por "intromisión ilegítima al derecho del honor de los ciudadanos", algo que los populares consideran "muy grave".

Por su parte, Calle ha anunciado que presentará un recurso ante esta sentencia, ante lo cual, Vargas, ha afirmado que el GMP estudiará las medidas jurídicas y políticas.

Anónimo dijo...

LA BATALLA POR REPSOL
Del Rivero, el constructor favorito del Gobierno


El presidente de Sacyr, Luis del Rivero, lleva varias semanas quejándose de que el Gobierno socialista está maltratando a la constructora en la adjudicación de nueva obra pública. La queja coincide con el revuelo causado por su intención de vender el 20% que posee en Repsol a la petrolera rusa Lukoil.

Sin embargo, a la luz de los datos de las adjudicaciones realizadas por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero a lo largo de este año, la queja tiene poco fundamento: Sacyr es la compañía que más volumen de contratación ha recibido en proporción a su facturación.

Y si se suman los datos de los gobiernos autonómicos que tienen un presidente socialista al frente, Sacyr se mantiene como la constructora más beneficiada. El PP quiere que el Congreso investigue las relaciones entre el Ejecutivo socialista y la constructora.

A lo largo de los 11 primeros meses de este año, la constructora de Del Rivero ha recibido adjudicaciones del Ejecutivo socialista por importe de 755,8 millones de euros. La cantidad supone más de un tercio (34,5%) de la facturación por actividades constructoras obtenida por Sacyr en los nueve primeros meses del año.

En este negocio la compañía del empresario murciano compite con FCC Construcción; Ferrovial-Agromán; ACS-Dragados, y OHL. Pues bien, para ninguna de estas cuatro compañías el maná de la obra pública supone más del 30% de su facturación por este segmento en España.

Anónimo dijo...

Varios alcaldes socialistas andaluces están imputados por delitos contra la ordenación del territorio

(ElPaís, 12/01/07, Málaga, ElPaís):

Varios alcaldes socialistas andaluces promueven planes urbanísticos poco acordes con las directrices de su partido.

Huelva.-

- El Granado.

El alcalde de El Granado (618 habitantes), Juan Manuel Burga, tiene paralizado el proyecto de construcción de una urbanización de 2.678 chalés, un hotel de 1.800 plazas y un campo de golf en terreno protegido.

- Ayamonte.

En Ayamonte (18.638 habitantes), el alcalde, Rafael González, permitió la construcción de unas 250 viviendas en un terreno protegido. Un juzgado de Ayamonte ha abierto diligencias. La obra se encuentra al 30%.

- Bollullos Par del Condado.

En Bollullos Par del Condado (13.500 habitantes), gobernado por Carlos Sánchez, Izquierda Unida ha pedido que se investigue la construcción del nuevo recinto ferial en terreno rústico.

Málaga.-

- Mijas.

- Estepona.

Los alcaldes de Mijas (61.147 habitantes), Agustín Moreno, y Estepona (58.600 habitantes), Antonio Barrientos, han impugnado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa del Sol occidental.

Granada.-

- Armilla.

En Armilla (19.667 habitantes), un juzgado investiga presuntas irregularidades en las obras del Centro Comercial Parque Nevada, promovidas por el empresario Tomás Olivo, imputado en el caso Malaya. El alcalde, José Antonio Morales, no repetirá como candidato.

- Freila.

En Freila (1.090 habitantes), el alcalde, Abelardo Vico, está procesado por permitir cien casas ilegales, cinco de ellas en paraje protegido.

- Láchar.

En Láchar (2.819 habitantes), La Fiscalía del TSJA ha abierto diligencias contra el alcalde Francisco Javier Montiel por conceder a una empresa de su propiedad una licencia para construir una almazara en suelo rústico.

Sevilla.-

- Guillena.

El alcalde de Guillena (9.318 habitantes), Justo Padilla, está en los tribunales por permitir la construcción de unas naves en zona verde.

Cádiz.-

- Grazalema.

En Grazalema (2.243 habitantes), fue detenido el ex arquitecto municipal Juan Prieto por haber supuestamente cobrado comisiones ilegales a cambio de licencias. La oposición y los ecologistas piden responsabilidades a la alcaldesa, María José Lara.

- Tarifa.

En Tarifa (17.478 habitantes), su alcalde y candidato, Miguel Manella, tiene abiertas diligencias previas en el juzgado por delitos de prevaricación y ordenación del territorio por una operación en el entorno del castillo de Santa Catalina tras una denuncia del PP.

- Jimena.

En Jimena (9.893 habitantes)el regidor, Ildefonso Gómez, tiene abiertas diligencias por irregularidades en la finca la Bordilla. No repetirá como candidato.

- Medina-Sidonia.

El alcalde de Medina-Sidonia (11.166 habitantes), Francisco Carrera, ha presentado un plan general que excede claramente los límites legales.

Jaén.-

- Torre del Campo.

El fiscal pide para el alcalde de Torre Del Campo (14.076 habitantes) dos años de inhabilitación por amparar la construcción ilegal de viviendas en una zona protegida.

- Baños de la Encina.

El alcalde de Baños de la Encina (2.715 habitantes), Miguel Campillo, ha sido imputado por presuntos delitos urbanísticos, tras la denuncia de un particular por la "proliferación" de construcciones ilegales.

Anónimo dijo...

16 SOCIALISTAS IMPUTADOS en el incendio de Guadalajara. 11 MUERTOS

Anónimo dijo...

El alcalde de Huércal-Overa, del PSOE, y seis concejales socialistas se han favorecido del cambio de calificación de 550 hectáreas de suelo rústico a urbanizable, lo que ha supuesto una revalorización estimada en 740 millones de euros.

Rafael Hernando denunció que, de forma directa en algún caso e indirecta en otros, los beneficiados con esta operación compraron a sus propietarios terrenos rústicos, justo antes de que el equipo de gobierno del Ayuntamiento "cambiara clandestinamente, de tapadillo", la calificación de ese suelo para pasar a ser urbanizable.

Se trata, a juicio de Hernando, de un "pelotazo" y "chorizada" que demuestra la "hipocresía" del PSOE cuando "habla de proponer duras medidas contra la corrupción, pero luego permite este tipo de actuaciones". El hecho de que los ediles beneficiados por este caso se presenten a las elecciones municipales de mayo demuestra también el "cinismo" del PSOE

Anónimo dijo...

Corrupción Psoe: Primeros imputados en la corrupción socialista balear

IBIZA.- El ex primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Ibiza y mano derecha en aquellos momentos del primer edil Xico Tarrés, Pedro Campillo, y el empresario propietario de la constructora Brues, Antonio Pinal, son los dos primeros imputados del caso Ibiza, el presunto escándalo de corrupción más importante de la historia de las Pitiusas.

Así lo manifestó ayer el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza, José Espinosa, en el auto por el que dictaba el levantamiento del secreto de sumario.

En principio estaba previsto que tanto Campillo como Pinal acudiesen a declarar ante el magistrado el próximo lunes, aunque la comparecencia del empresario podría retrasarse ya que, al residir en San Sebastián y realizarse por videoconferencia, tienen que coordinarse primero los juzgados.

Asimismo, está previsto que esa misma jornada acudan a declarar en calidad de testigos el socialista José María Costa, diputado balear y cuyo nombre suena para ocupar una Conselleria en el futuro equipo de Gobierno autonómico, y la directora de EL MUNDO de Ibiza y Formentera, Gisela Revelles.

El abogado del ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, Roque López, el penalista sevillano Luis Romero, ha solicitado al Juzgado que hoy mismo le aclare si se mantiene esta fecha para las declaraciones y que se le informe sobre si puede estar presente porque es «parte personada como defensa de Roque López».

Romero ya ha interpuesto un recurso de reforma porque se le exigió una indemnización de 20.000 euros para ser acusación particular cuando, en este caso, también ejerce de defensa del ex secretario general de la Federación Socialista Pitiusa, que fue demandado por sus ex compañeros cuando se hicieron públicas las grabaciones del caso.

En este mismo escrito, el letrado sevillano mantiene, a su vez, que «hay motivos para que la acusación esté delante» a la hora de realizarse estas declaraciones para que no se produzca «indefensión», vista «la actitud del fiscal del caso durante la declaración como testigo de López». Una actitud que, finalmente, se saldó con una advertencia por parte del juez encargado de la instrucción del caso Ibiza, que tuvo que recordarle que Roque López acudía a declarar en calidad de testigo y no de imputado.

Hay que aclarar que el ex mandatario de los socialistas pitiusos ofreció al juez su versión de los hechos el pasado 11 de julio en una comparecencia de más de cuatro horas de duración. Tras ella, López manifestó sentirse «muy tranquilo» y con el «ánimo de que la Justicia lo aclare todo».

El ex secretario general de los socialistas pitiusos indicó a su vez que, por el momento, no tenía ninguna notificación para volver a declarar ante el juez, por lo que expresó su intención de seguir con su actividad, «que es el trabajo», que en estos momentos desarrolla en la ciudad de Sevilla.

El alcalde del municipio de San José, el también socialista Josep Marí Ribas, podría ser el próximo imputado en el caso Ibiza, según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas a la defensa, que citaban un auto emitido por el juez instructor del caso.

Asimismo, EL MUNDO ha tenido acceso a los nombres de las personas que aparecen en la querella presentada por el representante legal de Roque López por numerosos delitos. Se trata de Antonio Pinal, propietario de Brues; Pedro Campillo, ex teniente de alcalde de Ibiza; Xico Tarrés, presidente electo del Consell; Josep Marí Ribas, alcalde de San José; Vicente Torres, concejal de Urbanismo de Ibiza, y Miquel Mestre, secretario de Organización del PSIB.

Anónimo dijo...

Detenido un ex concejal socialista del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana por corrupción

TERESA CRUZ. Corresponsal

LAS PALMAS.- «Soy inocente de todo de lo que se me acusa». Así defendió su inocencia hace escasamente un mes Francisco Guedes -conocido como Pacuco- en plena campaña electoral, como cabeza de lista del Centro Canario Nacionalista (CCN) por el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, el municipio turístico más importante de Gran Canaria.

Acababa de ser llamado por el juez por el conocido como caso del ingeniero, que investiga el presunto cobro de trabajos por valor de 31.000 euros que nunca se ejecutaron en este Consistorio. Pagos que se realizaron cuando Pacuco era militante del PSOE y concejal de Vías y Obras, en la pasada legislatura.

Ayer, dentro de la operación Paraíso, el ex edil socialista fue detenido como máximo implicado en un nuevo caso de presunta corrupción política relacionado con su anterior gestión en el Ayuntamiento.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana imputa a Pacuco los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Nada más conocerse la detención, el CCN anunció la suspensión cautelar de militancia de Francisco Guedes, a la espera de una sentencia firme al respecto.

En el marco de la operación Paraíso también fueron detenidos el hijo del ex concejal del PSOE, Jonás Guedes; el secretario del Ayuntamiento, Antonio Muñiz González, y los empresarios Antonio Hernández Rodríguez, Antonio Esteban Hernández Perera (hijo del anterior) y Alejandro Navarro Miñón, a los que se les imputa el delito de cohecho, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

No se descartan, sin embargo, nuevas imputaciones a los actuales detenidos y que la lista de acusados aumente, según fuentes judiciales. A lo largo de hoy y de la mañana del sábado, los detenidos pasarán a disposición judicial. La juez ha decretado el secreto de sumario.

Francisco Guedes estuvo al frente de la Concejalía de Obras cuando la alcaldesa del municipio era Concepción Narváez (PSOE). Mientras la Policía registraba el domicilio del ahora edil nacionalista, hubo varios incidentes en la calle protagonizados por simpatizantes del concejal.

Anónimo dijo...

operación astapa

Los cuatro concejales socialistas imputados en el caso de corrupción de Estepona se niegan a abandonar sus cargos



Los cuatro concejales socialistas que se encuentran en libertad bajo fianza por su presunta implicación en la trama de corrupción de Estepona se negaron ayer a abandonar sus actas en el Ayuntamiento, como les había exigido el PSOE, que el martes procedió a expulsarlos provisionalmente del partido. Los cuatro ediles aseguran en un comunicado que son inocentes, por lo que se mantendrán en sus puestos, desde los que se comprometen a garantizar la estabilidad del gobierno municipal. Además, piden que «vuelva a imperar la cordura y la coherencia entre todos los partidos políticos, en especial el PSOE, para que el derecho fundamental y constitucional de la presunción de inocencia nunca sea relegado y prevalezca sobre todas las cosas».

El presidente de la gestora que se ha hecho cargo del PSOE en Estepona tras la expulsión de su presidente y ya ex alcalde, Antonio Barrientos, en prisión como presunto cerebro de la trama de corrupción, lamentó la decisión de los concejales. Juan Paniagua agregó que, aun con la deserción de los cuatro ediles, su partido sigue siendo el mayoritario en el consistorio, por lo que intentarán seguir gobernando.

Pero la situación se complicó ayer aún más al saberse que el alcalde en funciones, Rafael Montesinos, del Partido Andalucista, fue citado a declarar, aunque no está claro si lo hizo en calidad de imputado, según aseguraron algunas fuentes. Otro edil que también prestó declaración, en la oposición, y número dos del PP en la localidad malagueña es Ricardo Galeote, quien ocupó un cargo de confianza en el consistorio entre 1999 y el 2003, cuando los populares gobernaban en el municipio. Esta rueda de citaciones llevó al presidente del PP andaluz, Javier Arenas, a declarar que la evolución de los acontecimientos «cada día nos acerca más» a la necesidad de pedir la disolución de la corporación municipal.

Otra persona que ayer tuvo que declarar como imputada fue Patricia Rojo, coordinadora del área de urbanismo municipal e hija del presidente del Senado. Rojo acudió a las dependencias policiales a las diez de la mañana y las abandonó a las 14.30, sin que trascendiera lo que declaró.

Anónimo dijo...

Tribunales.

Los socialistas de Madrid conocieron ayer que Trinidad Rollán, mano derecha de Tomás Gómez, y Esperanza Rozas, diputada del PSOE, están imputadas por un presunto delito de prevaricación urbanística en Torrejón de Ardoz

Imputadas dos socialistas
PEDRO BLASCO

Trinidad Rollán, ex alcaldesa de Torrejón de Ardoz y número dos del Partido Socialista de Madrid, y Esperanza Rozas, ex concejala de la misma localidad y actualmente diputada en la Asamblea de Madrid, figuran como imputadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por un presunto delito de prevaricación urbanística.

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La imputación se produjo después de una denuncia y tras la aprobación en el año 2001 de un convenio urbanístico con la empresa Patrimonio del Siglo XXI, que pertenece al Grupo Buesa. Este grupo está presuntamente implicado en el pago de comisiones al PSOE de Ibiza.

El Ayuntamiento de la ciudad de Torrejón contaba con el informe en contra del secretario municipal, que consideraba ilegal el convenio. También tenía un informe desfavorable del interventor.

En el mismo sumario aparecen también imputados Francisco Martín Rojas, ex concejal de Urbanismo y actual portavoz adjunto; Valentín Gómez, presidente de la Agrupación Socialista de Torrejón de Ardoz; Francisco Monero, Juana Fernández y Félix Ortega, ediles del PSOE.

El secretario municipal hizo un informe, que está en manos del juzgado, en el que se indicaba que la permuta no era legal al no haber reciprocidad en el dar y el recibir. No existía valoración de lo que se daba y se entregaba por parte de la empresa.

Por otra parte, según señalaba ese mismo informe, la entrega del bien no estaba contemplada en el presupuesto municipal y la urbanización de los terrenos no se podía realizar de modo fraccionado. También incumplía dos artículos de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. Según el informe, se ignoraba el precio de lo que se entregaba como contraprestación, por lo que se consideró que el citado convenio era ilegal.

El informe del interventor indicaba que el convenio no cumplía lo previsto en la normativa de contratación de las administraciones públicas y se informó, por tanto, desfavorablemente.

A pesar de todos estos pronunciamientos, el equipo de Gobierno del PSOE aprobó el convenio el 26 de noviembre de 2001. Posteriormente, fue declarado nulo por el Tribunal Contencioso Administrativo por no ser conforme al ordenamiento jurídico, al no haberse realizado concurso público y por algunas otras irregularidades.

Anónimo dijo...

En enero de 2007 el ex concejal socialista Fernando del Río denunció en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la aprobación de dicho convenio, que ha terminado con la imputación de la ex alcaldesa y de los ediles que lo aprobaron.

Hace algunos días se produjo una gran bronca en la Asamblea de Madrid cuando Esperanza Aguirre, en respuesta a una presunta socialista, dijo que había diputados del PSOE imputados en los tribunales. Esa frase provocó un gran revuelo, porque los socialistas creían que se refería sólo al caso de Jose Luis Pérez Ráez, en los juzgados por unas contrataciones irregulares en Leganés cuando era alcalde.

Ayer, la portavoz del Grupo, Maru Menéndez, reconoció que habría dos diputados al igual que «todos los concejales de la corporación de Torrejón, incluida la secretaria de organización del PSM (Partido Socialista de Madrid), Trinidad Rollán, por su presunto delito urbanístico», informa Efe.

En el citado Pleno algunos parlamentarios del PSOE empezaron a gritar a Aguirre: «¡Eso es falso!, ¡que lo retire!, ¡aquí no hay nadie imputado!», lo que dio origen a que la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, suspendiera la sesión durante diez minutos.

En la reunión de ayer, la diputada socialista y miembro de la Mesa de la Asamblea Helena Almazán habría llamado «payasos» e imbéciles» a los protagonistas de esas protestas. El cónclave terminó, informa Efe, con una «gran bronca» entre Matilde Fernández y parte del Grupo Parlamentario que mantiene una actitud de «crítica constructiva» a Tomás Gómez, en la que ambas partes se lanzaron «acusaciones recíprocas sobre su falta de confianza y de apoyo solidario».

Anónimo dijo...

ESPAÑA
Veintisiete alcaldes andaluces están imputados por delitos urbanísticos, tres de ellos con sentencia firme

La mayoría de los 27 alcaldes andaluces socialistas imputados por distintos delitos lo están por asuntos relativos a corrupción, sobre todo urbanística

al menos, tres de ellos tienen ya sentencia firme. Sin embargo, nadie ha tomado medidas contra ellos, ni siquiera desde su partido. En esa tesitura se encuentran, por ejemplo, los alcaldes socialistas de Garrucha, Oria y Portaloa, en la provincia de Almería, todos ellos imputados por delitos urbanísticos. El alcalde de Carboneras, que estuvo implicado en el desastre urbanístico de Algarrobico, fue indultado por el Gobierno de Zapatero y vuelve a ser candidato.

En la provincia de Cádiz, el alcalde de Medina tiene sobre sus espaldas una imputación por delitos de prevaricación, cohecho y revelación de secreto. El de San Martín del Tesorillo lo está por un delito de corrupción urbanística, el de Bornos está condenado a seis años de inhabilitación para ejercer cargo público por un delito de prevaricación. Y el alcalde de Tarifa tiene abiertas diligencias previas por delitos de prevaricación y falsedad documental sobre el patrimonio histórico, la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y del medio ambiente.

También en Cádiz el alcalde de Jimena está imputado por irregularidades urbanísticas y Grazalema es el único municipio socialista donde se han detenido a cinco personas y dos ingresadas en prisión por orden judicial, una de ellas el arquitecto municipal. En Granada, la Fiscalía tiene abiertas diligencias por corrupción urbanística contra el concejal de urbanismo de Armilla. Y en Gualchos Castell de Ferro el alcalde está condenado a un año de cárcel y siete de inhabilitación por un delito contra la ordenación del territorio.

Venta de suelo público en Punta Umbría

En la provincia de Huelva, los socialistas del municipio de Punta Umbría se enfrentan a un escándalo por la enajenación y venta de parcelas de titularidad municipal durante el mandato socialista que supuso pérdidas cuantiosas para el municipio, y en Ayamonte el juzgado ha abierto diligencias previas por la autorización del alcalde a la construcción de 250 viviendas en terreno protegido. El alcalde de La Guardia, en Jaén, fue condenado a siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación, pero sigue siendo el portavoz municipal socialista.

En Torredelcampo, en Jaén, la Fiscalía ha emitido un escrito de acusación contra doce personas, entre ellas el alcalde y candidato del PSOE, por edificar sobre un paraje natural calificado como protegido. Y en Baños de la Encina, también en esta provincia, el regidor está imputado por presuntos delitos urbanísticos. En Sevilla, la Fiscalía ha encontrado indicios de delito en convenios firmados por el alcalde socialista de Burguillos, y al alcalde de Guillena los tribunales le han encontrado indicios suficiente para imputarle por prevaricación.

Anónimo dijo...

Alarte se rodeó de imputados del PSOE en la cabecera de la manifestación de Murcia

Alejandro Soler, por malversación, y el murciano Manuel Hurtado, por falsedad documental, le flanqueaban tras la pancarta principal

Alarte se rodeó de imputados del PSOE en la cabecera de la manifestación de Murcia

D. MARTÍNEZ/M. A. RUIZ COLL | ALICANTE

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que reclama un día sí y otro también explicaciones sobre el caso «Gürtel», no tuvo reparos sin embargo en manifestarse el pasado miércoles junto a dos altos cargos del PSOE imputados por supuesta corrupción.

En el acto celebrado en Murcia en defensa del Tajo-Segura, Alarte se situó en la cabecera de la marcha junto a dos socialistas imputados en distintos procesos judiciales: el senador murciano Manuel Hurtado, y el alcalde de Elche y vicesecretario del PSPV, Alejandro Soler.

En el caso de Hurtado, el murciano lleva imputado varios años por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación de unas obras, cometidas supuestamente en su etapa como alcalde del municipio de Ceutí, pero su nueva condición de aforado (desde 2008) ha llevado el caso al Tribunal Supremo.

En cuanto a Soler, sujetó la pancarta al lado de Alarte horas después de que se difundiese el auto en el que el juzgado de Instrucción número 4 de Elche le imputaba por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, al pagar publicidad del PSOE con fondos del Ayuntamiento.

Citado el 21 de abril
El auto del juez considera que Soler es el autor de unos hechos que pueden ser constitutivos de los citados delitos, denunciados por la portavoz municipal del PP, Mercedes Alonso, el 25 de febrero. Así, entre otras diligencias, acuerda citarle para interrogarle en calidad de «imputado-querellado». El alcalde de Elche tendrá que comparecer acompañado por su abogado el próximo 21 de abril.

Tal como ha venido publicando ABC, Soler empleó una cantidad que podría rozar los 35.000 euros de las arcas publicas para sufragar la inserción de publirreportajes relativos a la actividad, promesas y el programa electoral del PSOE ilicitano en un medio gratuito local.

El alcalde, tras su imputación, ha asegurado que ya ha reintegrado 12.800 euros del total, correspondientes a las seis facturas (de diecinueve) que admite haber pagado. Del resto, pese a que sus pagos se reflejan en la contabilidad municipal y a que la publicidad asociada a las mismas se refiere al PSOE, no ha dicho nada hasta el momento.

Horas después de conocer su imputación, tanto Soler —defendido por Leire Pajín horas antes— como Alarte se manifestaron juntos en la cabecera de la marcha que recorrió Murcia. Unos metros a la izquierda del líder del PSPV se situó Manuel Hurtado.
Obras «a dedo»
Al tratarse de un aforado, el Juzgado de Molina de Segura ha remitido al Tribunal Supremo la causa instruida contra el senador socialista murciano, al que se imputan los delitos de prevaricación y falsedad documental.

Según la denuncia que interpuso en su día el PP, Manuel Hurtado adjudicó el 1 de abril de 2004 la construcción de un pabellón deportivo por un importe de 1,8 millones de euros. En realidad, estas instalaciones ya estaban construidas y habían sido inauguradas cuatro meses antes, por lo que el juez que instruye el caso sospecha que Hurtado falseó el proceso de contratación para dar apariencia de legalidad a una obra adjudicada «a dedo»

Anónimo dijo...

Su reunión del año pasado pasa cuentas
Socialistas vascos y batasunos, imputados por 'desobedientes'

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco imputa formalmente, en un auto hecho público este viernes, a los dirigentes del PSE-EE, Patxi López y Rodolfo Ares, así como a los responsables de Batasuna, Arnaldo Otegi, Etxeberria y Olatz Dañobeitia, por la supuesta comisión de un delito de desobediencia al haberse reunido el pasado 6 de julio en San Sebastián.

De esta forma, todos ellos, tendrá que prestar declaración ante el juez instructor de la causa, Roberto Sáiz, que ya unió este caso el pasado mes de febrero al abierto contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, también por entrevistarse con representantes de la formación ilegalizada.

No obstante, en el auto emitido, Sáiz no les cita todavía a declarar, sino que pide documentación a los medios de comunicación sobre el encuentro, así como las declaraciones realizadas con anterioridad por los dirigentes del PSE-EE y de Batasuna sobre la reunión de julio.

Precisamente, Olatz Dañobeitia -miembro de la comisión negociadora de la formación abertzale- fue detenida el pasado 4 de febrero en Bilbao en ejecución de la sentencia por la que el Tribunal Supremo condenó a 23 miembros de Jarrai-Haika-Segi a seis años de prisión a cada uno de ellos por pertenencia a "organización terrorista".

Anónimo dijo...

Presunta corrupción en Santiago de Compostela

El alcalde socialista, de denunciante a imputado

El alcalde socialista de Santiago de Compostela, Xosé A. Sánchez Bugallo, puede pasar de denunciante a denunciado por un caso de adjudicaciones irregulares en el ayuntamiento que preside.

La empresa Montebalsa S.L lleva disfrutando de adjudicaciones de concursos para la realización de obras para el ayuntamiento de Santiago de Compostela desde el año 2003. Muchas de ellas han sido otorgadas por adjudicación directa o por procedimiento negociado, en muchos casos sin publicidad. Durante todo el periodo en el que se ha producido esta situación el municipio era gobernado por el actual alcalde socialista Xosé A. Sánchez Bugallo.

Los concursos para las adjudicaciones tenían otra irregularidad flagrante: en muchas ocasiones las empresas que optaban a ellos eran solamente tres y, curiosamente, compartían el número de fax para recibir las comunicaciones, se trata de la ya citada Montebalsa S.L., Decosalnés S.L y Peyana S.L. Se trataba de un maquillaje para aparentar una legalidad que quedaba en entredicho.

Montebalsa S.L jugaba con tanta ventaja en las adjudicaciones del ayuntamiento socialista de Santiago que se llegó a dar el caso de que ganó un concurso con un presupuesto elevado pero justificándolo en que las dos opciones más baratas incurrían en baja temeraria. Una vez adjudicada la obra Montebalsa S.L subcontrató la obra, sin comunicárselo al ayuntamiento, con una de las empresas que había sido desechada por baja temeraria.

Las irregularidades en 2009 se multiplicaron: tres concesiones, sin publicidad de los concursos, realizadas para la concejalía de Medio Ambiente. O concesiones de obras de emergencia por valor de más de 300.000 euros para subsanar los destrozos ocasionados por el temporal Klaus, por supuesto sin tramitación.

El colmo de las irregularidades se produjo con la adjudicación de obras del Plan E. En concreto la rehabilitación y mejora del polideportivo Quiroga Palacios, valorada en casi 300.000 euros, que salió a subasta. Tras la licitación de la obra concurrieron diversas empresas. Finalmente las dos mejores ofertas fueron las presentadas por Costrucciones en Pedras Sigrás S.L y ¿cómo no? Montebalsa S.L Inicialmente se adjudicó la obra a Montebalsa S.L, pero el concejal del PP Ángel Espadas señala que las puntuaciones estaban mal baremadas y se debía conceder a Construcciones en Pedras Sigrás S.L.

Anónimo dijo...

Finalmente, el 1 de abril, el concejal popular se dio cuenta de que en una Junta de Gobierno del ayuntamiento celebrada dos días antes y presidida por el socialista Xosé A. Sánchez Bugallo, se había adjudicado la obra a Montebalsa S.L. El concejal lo denunció y el equipo de gobierno dio marcha atrás y concedió la obra, finalmente, a Construcciones en Pedras Sigrás S.L.

El denunciante de toda esta trama comprobó, como así consta en su denuncia, que el CD con las condiciones que había aportado Pedras Sigrás S.L había sido manipulada en un ordenador del ayuntamiento, cuyo usuario es el arquitecto municipal Tomás Rivas Llavero. El alcalde, ante la posibilidad de que se descubriese toda la tramo, optó por culpar al arquitecto municipal y envió toda la información de este último caso a la fiscalía para su valoración.

La fiscalía decidió actuar contra la manipulación del CD, pero nada más. Sin embargo, el magistrado Francisco Javier Míguez Poza, del juzgado de instrucción nº 2 de Santiago de Compostela ha dictado unas diligencias previas en las que decide la acumulación de las dos denuncias, la de la fiscalía y la realizada contra el ayuntamiento por las adjudicaciones irregulares. En las mismas decreta el secreto del sumario al incluir la investigación "hechos presuntamente delictivos cometidos por cargos públicos, de resultar ciertos, son de extrema gravedad, tanto por las personas que pudieron cometerlos al ser algunos de ellos representantes de los ciudadanos". Entre los delitos que cita se encuentran: falsedad, prevaricación, estafa y tráfico de influencias.

Como quiera que el único cargo público "represntante de los ciudadanos" contra el que se dirige la denuncia es el alcalde socialista de Santiago de Compostela, Xosé Antonio Sánchez Bugallo, el motivo de que se investigue bajo secreto de sumario es para evitar que trascienda la posible implicación de este alcalde en la trama de adjudicaciones irregulares del ayuntamiento que él preside.

Anónimo dijo...

La Fiscalía del TSJA denuncia al alcalde socialista de la localidad granadina de Armilla y al ex edil de Urbanismo

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha denunciado al alcalde de Armilla (Granada), José Antonio Morales Cara, al que fuera concejal de Urbanismo en el municipio, Gabriel Cañavate, ambos del PSOE, y al promotor del Parque Nevada, Tomás Olivo, por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio y sendos de prevaricación, respectivamente

Según el decreto del Ministerio Público, el fiscal pide que se les tome declaración como imputados a los tres denunciados y también a los cuatro concejales que adoptaron el acuerdo de la Junta de Gobierno Local el 30 de septiembre de 2005 para la concesión de la licencia de obras del Parque Comercial.

Esta actuación tiene su origen en la denuncia que el pasado mes de febrero el PP de Granada presentó denuncia contra Morales Cara por su actuación en el Parque Comercial, que promueve la entidad General de Galerías Comerciales S.A., de la que es consejero delegado Tomás Olivo, imputado en la "operación Malaya". Las obras del Parque, en una superficie de 70.000 metros cuadrados, fueron paralizadas por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada poco antes de su conclusión.

Además de formular la denuncia correspondiente en el Juzgado de Instrucción Decano de Granada, el fiscal pide informe urgente del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil sobre la situación actual del edificio, así como ubicación de los espacios y zonas verdes que han sido supuestamente ocupados.

Según el Ministerio Público, los hechos presentan "numerosos y diversos indicios plenamente racionales" que permiten inferir la posible existencia de los delitos mencionados, a raíz de las irregularidades detectadas.

Entre ellas, se encuentra la ubicación del centro en espacios libres, una edificabilidad que supera ampliamente la prevista en el planeamiento y severas limitaciones para el desarrollo de la circunvalación. Fue precisamente la Junta de Andalucía la que demandó al Ayuntamiento la revisión del Plan Parcial Sector B por "vulnerar claramente" el Planeamiento Superior, después de que este fuera aprobado en pleno municipal con los votos del PSOE y un concejal independiente en julio de 2005.

Anónimo dijo...

La Marina
La ex alcaldesa del PSPV de Dénia y dos ediles, imputados por malversación de fondos públicos
Paqui Viciano, Vicenta Bixquert y María José Lorenzo deben aclarar la presunta desaparición de 11.616 euros de la tasa de carnés Llunàtics

La ex alcaldesa del PSPV de Dénia y actual portavoz del grupo municipal, Paqui Viciano, y dos de sus concejalas, Vicenta Bixquert y María José Lorenzo, han sido citadas a declarar en calidad de imputadas por un presunto delito de malversación de fondos públicos por el Juzgado número 5 de Dénia, tras "desaparecer" 11.616 euros que debían figurar como ingresos municipales por el cobro de la tasa de los carnés Llunàtics y Dinàmics, una tarjeta que permite a los vecinos y vecinas de entre 12 y 35 años disfrutar de descuentos en locales comerciales de la ciudad y actividades gratuitas en su tiempo de ocio a lo largo de todo el año.

La querella criminal fue presentada el pasado mes de febrero por el actual equipo de gobierno, que dirige la popular Ana Kringe, después de que tres informes de otros tantos técnicos municipales constataran que los ingresos por la tasa de estos carnés comprendidos entre 2004 y 2008 no figuraban en la contabilidad municipal, cuando es obligatorio.

El auto que dio a conocer ayer la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, acababa de salir del horno, estaba "calentito", pues llevaba la fecha del día según el cuño del Colegio de Procuradores de Alicante, del que es miembro el concejal de Gent de Dénia, Miguel Llobell, quien al no tener dedicación exclusiva, puede representar a la acusación municipal junto al abogado del Consistorio Juan Carlos Pérez Nadal.

La jueza acuerda incoar diligencias previas para averiguar si las tres concejalas socialistas y la técnico responsable del departamento, Silvia Blanco, hubieran podido incurrir en alguno de los delitos que define el artículo 774 del la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en este caso el de malversación de fondos públicos.

La alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, declaró ayer con el documento en la mano casi "quemándole", que el equipo de gobierno "esperaba el inicio de las diligencias previas y ahora vamos a reunirnos para posicionarnos, aunque como ya dijimos en su día, los ingresos por los carnés de Llunàtics y Dinàmics no se habían realizado y ahora el juzgado ha admitido a trámite nuestra querella y ellas declararán en calidad de imputadas. Nosotros sólo queremos saber dónde está el dinero".

Este es el último capítulo del intercambio de denuncias que han presentado el PSPV y el PP tras las últimas elecciones municipales y la moción de censura que le retiró la alcaldía a Paqui Viciano, un hecho inaudito en la historia de la democracia en la capital de la Marina Alta.

Como si de un combate de boxeo se tratara, de momento el PP y Ana Kringe ganan a los puntos a la ex alcaldesa socialista, Paqui Viciano.

Ana Kringe ya ha declarado en los juzgados dianenses por un presunto delito de prevaricación administrativa, al despedir al ex gerente de Urbanismo y hombre de confianza de Viciano, Juan Frasés "sin motivo"; y por haber ocupado presuntamente el cargo de gerente del Patronato de Turismo de la Costa Blanca sin tener la titulación exigida.

Paqui Viciano acumula tres denuncias. En la primera, la Fiscalía Anticorrupción la acusa junto a Juli Martínez (ex concejal de Urbanismo) y a Juan Frasés, de haber vendido presuntamente un camino público a una constructora para que pudiera aumentar la volumetría de una urbanización.

En la segunda deberá declarar junto al portavoz del BNV, Pau Reig, por presunto un delito electoral, al visitar las obras del trinquete municipal en plena campaña electoral. Y la tercera es de la que se habla al inicio de este artículo.

Según las pruebas aportadas por el equipo de gobierno, los ingresos de los carnés de Llunàtics y Dinàmics que deberían haber figurado en la contabilidad municipal entre 2004 y 2008, siguen sin aparecer.

Anónimo dijo...

El PSPV suma en un mes diez alcaldes y altos cargos imputados por corrupción

ALICANTE. En sólo un mes diez alcaldes, concejales y cargos del PSPV han sido imputados por la Justicia como presuntos autores de delitos económicos y de corrupción urbanística.

Se trata de la ex alcaldesa de Denia Paqui Vicina y su concejal de Urbanismo, el ex alcalde de Bigastro José Joaquín Moya (en prisión desde el pasado mes de octubre) y dos de los miembros del equipo de gobierno (entre ellos Raúl Valerio, quien ayer se convirtió en el nuevo alcalde del municipio), el alcalde de Zarra Juan José Rubio (que ya ha sido expulsado del partido) y la ex diputada socialista María Antonia Armengol, así como la alcaldesa de San Fulgencio, Inmaculada Martínez y otros dos concejales socialistas de este Ayuntamiento.

Los últimos en incorporarse a esta nómina han sido la ex alcaldesa socialista de Denia Paqui Viciano y su ex concejal de Urbanismo, Julio Martínez Torija, a los que la titular de Juzgado de Instrucción número 3 de Denia acaba de citar a declarar como imputados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La juez abrió las diligencias a raíz de la denuncia presentada por el PP contra los dos altos cargos socialistas y contra el ex gerente de Urbanismo de Denia, Juan Frasés, por la venta de un tramo de un camino catastral a una sociedad limitada por 38.317 euros.

Según consta en la denuncia, la venta se efectuó por procedimiento directo, sin concurso ni subasta, sin lo preceptivos informes técnicos (uno de ellos aparecía sin firma) y por menos de la mitad de su valor real, lo que habría hecho que el Ayuntamiento deje de ingresar 90.082 euros.

Malversación y prevaricación

Siempre según la denuncia interpuesta por el PP, la venta se realizó sin efectuar el preceptivo deslinde y segregación de la parcela, y sin que ésta fuera inscrita previamente en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento. los populares destacan además que el Consistorio otorgó a la promotora la licencia de urbanización de la zona el 19 de noviembre de 2003, dos meses antes de que, el 25 de febrero de 2004, el equipo de gobierno aprobara la venta de los terrenos.

Tras tramitar esta denuncia, la Fiscalía la remitió el pasado 31 de julio a los Juzgados de Denia por considerar que los hechos expuestos son «aparentemente constitutivos de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos».

Ahora, la juez María Teresa Quilis ha ordenado la apertura de diligencias previas y ha citado a declarar a los tres imputados, requiriendo que se «soliciten sus antecedentes penales».

La ex alcaldesa de Denia, desalojada del cargo el pasado mes de julio por una moción de censura, se suma así a la larga nómina de altos cargos del PSPV que ya han desfilado ante la Justicia como imputados.

El Ayuntamiento de Bigastro cuenta con otros tres cargos socialistas en manos de la Justicia: el ex alcalde José Joaquín Moya (que permanece en prisión), así como el nuevo alcalde, Raúl Valerio, y su número 2, Inmaculada Martínez.

Anónimo dijo...

El Consistorio de San Fulgencio tiene a otros tres ediles socialistas imputados por falsa denuncia y revelación de secretos, que han sido suspendidos cautelarmente de militancia por su partido: la alcaldesa Trinidad Martínez, el concejal de Seguridad juan Antonio Gamuz y el de Medio Ambiente, Juan Antonio González.

Detectives en San Fulgencio

La juez de Orihuela investiga si pagaron con dinero público a una agencia de detectives para tender una trampa al ex concejal de hacienda y presidente de AIM Manuel Barrera. Otros dos concejales de la Agrupación Popular de San Fulgencio y Urbanizaciones (APSFU), el jefe de la Policía Local y el abogado externo del Ayuntamiento también fueron detenidos por la misma causa.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria investigan si el chalé que la ex diputada del PSPV-PSOE María Antonia Armengol y su marido se han construido en Dos Aguas (Valencia) son en realidad un «regalo» de la constructora Estructuras, Viviendas y Carreteras.

El cómputo no acaba aquí. El PSPV ha expulsado de militancia al alcalde de Zarra Juan José Rubio,quien fue detenido el pasado mes de octubre junto a su hijo (responsable de la constructora Telyzan SL) por autorizar la construcción de al menos 73 chalés ilegales en suelo rústico.

También fue expulsado del PSPV el alcalde de Catral, José Manuel Rodríguez Leal, al que la Fiscalía investiga por pagar presuntamente con dinero público una obra en un solar de su propiedad.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Torrevieja, Ángel Giménez, se encuentra imputado por un presunto delito de injurias hacia el ex alcalde Pedro Hernández Mateo, por sus constantes acusaciones de corrupción nunca demostradas. Su número dos, Manuel Vera Quiles, ya fue condenado por el mismo motivo.

El ex alcalde socialista de Elda Juan Pascual Azorín ha sido imputado hasta en tres ocasiones por negarse a autorizar la apertura de un vertedero que estaba amparado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia.

A la lista hay que añadir al ex alcalde socialista de Sueca Salvador Gil, está imputado por permitir edificaciones en el parque natural de la Albufera, y al de Albatera, Francisco García Gelardo, al que la Fiscalía acusa de permitir la construcción de 1.500 chalés y un campo de golf sin licencia.

Anónimo dijo...

Granadilla de Abona
La jueza ordena peritar las cuentas de 3 ex gobernantes

La jueza encargada de la causa que se instruye contra los ocho integrantes de la anterior junta de gobierno del Ayuntamiento de Granadilla de Abona por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación ha ordenado que se realice una prueba pericial contable de los ingresos y gastos de tres de los ex gobernantes socialistas imputados y, en concreto, del ex alcalde, Jaime González Cejas, del ex edil de Hacienda, Fidel Rodríguez, y del ex edil de Obras, José Antonio González Cejas.
Así, la titular del juzgado número tres de Granadilla de Abona intenta dilucidar si los ingresos económicos que constan de forma oficial a nombre de esos tres ex gobernantes en lo relativo a la etapa que está siendo investigada en el marco de este procedimiento de diligencias previas, se corresponden su nivel de gastos.
En particular, esa prueba pericial contable se fundamentará en los informes patrimoniales elaborados por la Guardia Civil acerca de todos los bienes, ingresos, propiedades y gastos que localizaron a nombre del ex alcalde granadillero y de sus ex ediles de Hacienda y Obras, incluyendo desde el importe de las nóminas que cobraban por su función política al frente del Ayuntamiento, hasta los ingresos que percibieron por beneficios de sus empresas y sociedades, incluyendo el ingreso de cheques. En esos informes policiales también constan los préstamos bancarios y pagos o traspasos de envergadura.
Los propios guardias que investigaron el patrimonio de los hermanos González Cejas y de Rodríguez Gaspar hicieron constar varias veces en sus informes que no descartan que durante la etapa investigada los imputados manejaran ingresos en dinero negro que no habían sido detectados en esa primera investigación dado que la misma partía fundamentalmente de los bienes e ingresos declarados.
También recogieron aspectos llamativos como los escasísimos ingresos que declaraba haber obtenido el ex edil de Hacienda con sus negocios inmobiliarios. E incluso llegaron a poner por escrito que dado que dos de los investigados habían trabajado en una caja de ahorros y que, además, el socio de uno de ellos era directivo de una entidad financiera durante la etapa a la que alude ese procedimiento judicial, en caso de obtener beneficios en dinero negro o no declarado, sabrían como gestionar esas ganancias sin llamar la atención.
Este peritaje contable que ha encargado la jueza permitirá despejar en gran medida las dudas recogidas por la Guardia Civil en relación al patrimonio de esos ex gobernantes, por lo que se perfila como una prueba importantísima a la hora de decantar esta causa en favor o en contra de los socialistas acusados.