Hay que ver lo mal que ha sentado a los del PP que el Estado active mecanismos para que la legalidad y la justicia sea pulcra en España. No les ha gustado nada de nada que la Fiscalía General del Estado, a través de Anticorrupción, interponga recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia –integrado por el “más que amigo” de Camps- en la que sobresee el proceso judicial contra el Presidente Autonómico Francisco Camps, cargos del Gobierno Valenciano y dirigentes del Partido Popular en la comunidad.Desde que este caso salió a la luz, el Partido Popular ha embestido contra jueces, Ministros, Comisarios y Policías, periodistas o Fiscales. El todo vale contra quién intenta olisquear la posible existencia de malos olores en las entrañas del PP. Es como si se considerasen intocables, una raza superior a la que los plebeyos no tienen derecho ni a mirar y a la que se debe suponer siempre buen hacer, cuando debería ser todo lo contrario, siendo ellos los primeros en ponerse a la cabeza permitiendo todas las facilidades para la extirpación de una posible trama de corrupción en su seno. Esa es la actitud que debería tener un partido que no para de exigir justicia y orden a todos los demás y nunca se le observa exigírsela a si mismo, es más, siempre culpan a otros de querer hacer daño al PP.- Esto mismo dice y hace la izquierda abertzale, cada vez que la justicia y la policía actúa contra ella-
El Gobierno y su Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, hacen lo que debe hacer un Gobierno responsable, recurrir aquellas sentencias y autos que tienen visos de desprotección para los ciudadanos, por lo que, al igual que en otras ocasiones en las que intervienen terroristas o sus apologistas, el Gobierno insta a la Fiscalía para que proceda por hechos o sentencias consideradas impresentables, de igual forma debe hacerlo ahora, cuando todo el arco político y social español, excepto el PP y afines, ven cierta alarma social por la insólita interpretación que los jueces valencianos han hecho de una norma penal que afecta a todos los ciudadanos por igual, sea cual sea, su condición social.
El Tribunal Supremo tendrá que dilucidar si es legal hacer regalos –de cualquier cuantía- a políticos y que estos los acepten, por el mero hecho de no intervenir –que se demuestre- en contratos contraídos entre el espléndido dadivoso y la parte de administración que representa. Incluso, deberá explicar, si no es de importancia la procedencia de la dádiva, porque, si en el caso de la Gürtel Valenciana proviene de una trama investigada por corrupción, habrá quien pueda preguntarse si, ¿es legal que la organización terrorista ETA o su entorno, hagan regalos a políticos, mientras no se demuestre que estos, intervienen en procesos en los que este inmiscuida la banda terrorista?.
Parece que el Tribunal Supremo se lo va a tomar con calma y nos hará esperar un añito su decisión para ver que significa eso de joderse, aguantarse y a resignarse que dice Fabra. Cerca estarán las elecciones Autonómicas y Municipales. Hasta entonces observaremos y nos asombraremos de las piruetas que el PP hace con las salpicaduras de la trama Gúrtel Madrileña, los camaradas espiados cual Mortadelo y Filemón ,y el Guateque montado en el Ayuntamiento de Madrid.
NOTA.- Detenidos en Palma de Mallorca un líder del PP, un director de deportes de Matas y varios mas en una redada anticorrupción
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1 comentario:
¡Hay que ver lo miserables que llegan a ser algunos!
No tienen el menor reparo en defender la politización de la Justicia, en negar la separación de poderes y alabar el entierro de Montesquieu y defienden la actitud impresentable de la vicepresidenta del gobierno dando órdenes a la Fiscalía para que actúe contra el legítimo partido de la oposición.
Es lo lógico de un partido chavizta que aspire a la dictadura perfecta, como el PRI mexicano, intentando fulminar a la oposición bien sea con cordones sanitarios, o instando a actuar a la Fiscalía como si el principal partido de la oposición fuese... ¡¡¡ y ellos mismos lo dicen!!! "terrorista".
Comparar al principal partido de la oposición con los terroristas para legitimar la politización de la Justicia y así amparar que la Fsicalía General del Estado (que no del Gobierno) sea un instrmento del Ejecutivo para dinamitar cualquier voz discrepante o cauce opositor es de una bajeza moral execrable. La amiga de María Emilia Casas, la defensora de maltratadoras que rebanaban el pescuezo de su cónyuge, y a quien daba órdenes la propia vicepresidenta en un desfile, conocía de antemano la actuación de la Fiscalía porque el gobierno ZP no respta la Justicia.
Igual que tampoco respetó el Estado de Derecho cuando negociaba políticamente con los asesinos de Buesa o Gregorio Ordóñez calificándolos como "hombres de paz", dándoles rango de "interlocutores políticos" y considerando sus salvajadas "accidentes mortales". Osan comparar a la oposición con los terroristas los mismos que excarcelaron a un asesino condeso y no arrepentido que brindaba por cada muerte perpetrada por los etarras. Ésa es la catadura moral de la izquierda que ya no se oculta tras una careta, éste es el comportamiento deleznable y la actitud detestable de una izquierda que utiliza a la Justicia como ha hecho siempre. La misma que utilizó al que no destapó a Míster "X" y en cuyas listas al Congreso fue. Ésta es la independencia judicial que entienden los hijos ideológicos del castrismo y discípulos aventajados del Gorila Rojo.
Llegan a los límites de reconocer y justificar la actitud del Ejecutivo dando orden de ir contra el principal partido de la oposición, a pesar de que después se demuestran falsas multitud de acusaciones gratuistas lanzadas sólo para dañar su imagen, pretenden estigmatizar al PP los partícipes del GAL, el Tráfico Influencias y el alud de mentiras respecto al 11-M, terroristas suicidas incluidos.
Estos mentirosos patológicos que lanzan infundios a cada minuto justifican la actuación gubernamental para judicializar a la oposición y se atreven a equipararla a los terroristas, cuando ha sido el gobierno ZP y el PSOE, al que tanto le une ideológicamente con la ETA, los que claudicaron poniendo en riesgo la integridad del Estado de Derecho y todo por complacer a crminales permitiendo que ocupen sus escaños en los ayuntamientos del País Vasco, o con la inestimable ayuda de la amiga de Fdz de la Vega, mª Emila Casas, incapaz de dictaminar la inconstitucionalidad o no de un estatuto, pero que rauda y veloz permitió que el abyecto Sastre y su infame lista proetarra que no condenó la violencia pudiera presentarse a las elecciones europeas.
Ésta es la Justicia de los enterradores de Montesquieu, los que van de la Guerra Sucia a la negociación política, y de la cal viva al trato con asesinos, y que luego se permiten justificar la politización de la Justcia para acabar con el adversario político además de tener la desfachatez y poca vergüenza de hacer compraciones miserables propias de mentes enfermas ávidas de poder y con un sectarismo ideológicos siniestramente atroz.
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