POLICIAS PARA LA EDUCACIÓN

Ahora ya sabemos porque la derecha no quiere Educación para la Ciudadanía. Tiene una propia: ¡Hacer a los maestros policías para que den lecciones a nuestros hijos a golpe de autoridad!.... -O de lo que haga falta-. Igual que con la economía, donde esconden al ciudadano sus pretensiones para que no se entere de por donde les gustaría meter la tijera al estado de bienestar, en educación, la derecha tiene el mismo problema, no quieren que los españoles nos enteremos de que intentan volver al maestro del miedo, el del ordeno y mando, a aquel profesor que ante su falta de capacidad descargaba toda su impotencia humillando a niños, mientras seleccionaba sus futuros dependiendo de las zapatillas o zapatos que llevasen sus pies. -Algo similar a los itinerarios escolares que quiso imponer el PP de Aznar y que Zapatero derogó-.

Eso es lo que ha dicho Esperanza Aguirre aprovechando los disturbios de Pozuelo de Alarcón, que quiere hacer una ley para reforzar la autoridad de los profesores. Una ley para educar a todos esos niños pijos que se atrevieron intentar el asalto de una comisaría de policía. ¿Si se atreven con la policía, que son la autoridad, que les puede importar un profesor?, y más aún, teniendo el apoyo de los padres, que junto con los abogados han clamado por los medios de comunicación, para que no se diera semejante trato a jóvenes estudiantes con un buen historial académico y careciendo de antecedentes. Incluso dicen que están pensando denunciar a la policía por agresión.. ¿Tal vez Esperanza Aguirre solo quiere revestir de autoridad a profesores de colegios públicos exceptuando a los privados y concertados?. ¿Quiere la Presidenta de la Comunidad de Madrid, utilizando la seguridad de los profesores –miedo- y la preocupación por la educación de los hijos –más miedo-, hacer personas dóciles y sumisas a base de reprimirlos desde niños?. ¿Cómo se le ocurre a quién ha intentado por todos los medios desdibujar asignaturas ciudadanas, criticar la falta de respeto de los alumnos?. No estaría mal establecer una figura de autoridad en el Parlamento para imponer respeto a los integrantes del grupo Popular, por su falta de educación y decoro cada vez que hablan otros grupos. Ese es el peor ejemplo para nuestros niños y jóvenes, a los que con 12 años se les quiere meter en cárceles, prohibirlos el acceso a redes sociales y ahora un policía de control –la tendencia es la tendencia-.

En democracia, el respeto de las personas no se consigue a golpe de obligatoria autoridad, el respeto se alcanza con educación, profesionalidad y ganas de enseñar. Son las familias las que tienen la gran responsabilidad del comportamiento de sus hijos en el colegio o cualquier otro lugar. Es el proceso de socialización que padres y profesores dan a los jóvenes lo que les hacen ciudadanos respetables. Es la tolerancia la que abre la imaginación de un niño a la creatividad. Es la solidaridad la que demuestra el valor del respeto hacia los demás. Es la asignatura de educación para la ciudadanía la mejor herramienta para lograr ciudadanos con un gran sentido del civismo y el respeto hacia los semejantes, y no policías disfrazados de maestros.

UNA RECUA

El 94% de los detenidos del PP sigue imputado
Los dirigentes del partido han sostenido falsamente que casi todas las actuaciones contra sus cargos se habían archivado
Público
En la historia del PP, este verano quedará grabado como aquel en el que el Gobierno socialista puso a trabajar toda su maquinaria para intentar derribarlo. Los conservadores, con Mariano Rajoy a la cabeza, se han abrazado a la idea de que jueces, fiscales y policías dan un trato diferente a los cargos políticos en función del partido al que pertenecen. Es la llamada teoría de la persecución.

Para avalar esta tesis, el presidente del partido encargó a Soraya Sáenz de Santamaría, su portavoz en el Congreso, un informe detallado. A la espera de que estos datos vean la luz Sáenz de Santamaría aseguró la semana pasada que el documento ya está concluido, diversos dirigentes del PP han adelantado algunas cifras. Concretamente, sobre sus condenados, detenidos e imputados. Unos datos que tienen un grave problema: no se corresponden con la realidad.

De los 51 detenidos del PP desde 2005, sólo en tres casos se archivó la causa

Sobre los condenados, el propio Rajoy, en la reunión del Comité Ejecutivo del PP celebrado el pasado 2 de septiembre, se confundió en el cálculo al señalar que desde 2004 ningún militante de su partido había sido sentenciado judicialmente . Error: este diario publicó al día siguiente una lista con 41 cargos conservadores condenados en el último lustro.

Público desvela hoy que tampoco es cierto que como insisten en el PP el 90% de los cargos del partido detenidos sólo ha sufrido la "pena del telediario", ya que sus casos han sido luego archivados. La verdad es exactamente la contraria: un 94% de los detenidos en los últimos cuatro años están imputados o han sido ya condenados.

Soraya Sáenz de Santamaría fue la primera encargada de difundir esas cifras. El 25 de agosto, en una intervención en el Congreso, sostuvo que "al analizar las 53 actuaciones abiertas en los últimos tiempos contra miembros del PP, 49 han sido archivadas o no han dado lugar a más actuaciones, y la única pena a la que han sido condenados ha sido a la pena del telediario, a vivir todos los informativos esposados y conducidos al calabozo como peligrosos delincuentes".

Hay 44 cargos imputados y otros cuatro que ya han sido condenados

Al día siguiente, Rajoy machacaba en el mismo clavo: "Todos hemos visto cómo se ha detenido a muchos militantes del PP esposados y cómo se ha avisado a las televisiones para que salieran en ellas. La inmensa mayoría de estas personas luego han sido absueltas, sin ni siquiera ser juzgadas por los tribunales".

Pero se trata de otro error. Este diario ha analizado la situación procesal de los 51 cargos del PP detenidos desde septiembre de 2005 hasta la actualidad. Y el resultado es el siguiente: 44 están imputados por delitos como cohecho, prevaricación, malversación de fondos públicos o tráfico de influencias, cuatro ya han sido condenados y sólo tres han visto cómo se archivaba su causa.
A continuación, se repasan los principales casos por comunidades autónomas. Y hay un dato muy llamativo: en Canarias y Baleares, se han producido 36 de las 51 detenciones, lo que equivale al 70% del total.

Andalucía
El escándalo más sonado de esta comunidad es el caso Troya, en Alhaurín el Grande (Málaga). En enero de 2007, su alcalde, Juan Martín Serón, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos acusados de cohecho y prevaricación urbanística. La Fiscalía los ha acusado de ofrecer a empresarios y promotores inmobiliarios la posibilidad de construir más de lo legalmente permitido a cambio de dinero. Tanto Serón como Guerra, que eludieron la prisión tras pagar una fianza, siguen en sus cargos.

En Andalucía, también se produjo la detención por cohecho de Manuel Fernández, ex concejal de Urbanismo de Alhendín (Granada). Y se investiga el caso Camas, en Sevilla, donde el ex concejal Antonio Enrique Fraile, imputado también por cohecho, pagó una fianza de 30.000 euros para eludir la prisión.

Baleares
Desbordada por múltiples casos de corrupción, la presidenta del PP balear, Rosa Estaràs, dimitió el pasado viernes. En los últimos tres años, han sido detenidos en Baleares 17 cargos del PP.
Todos los procesos siguen abiertos. El más reciente es el Palma Arena, que investiga las irregularidades cometidas en la construcción del velódromo durante la última etapa de Jaume Matas. El coste se disparó de 48 millones de euros a unos 110.

Junto al caso Gürtel, es el principal cartucho que los conservadores han empleado este verano para ejemplificar la supuesta persecución, especialmente por la forma en que aparecieron públicamente esposados dos de los detenidos (por la mano derecha de ambos, lo que dificulta los movimientos). Uno de los imputados, Rafael Durán, ha dimitido como portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, pero sigue como concejal.

Otro de los escándalos más sonados es el caso Andratx, que comenzó a instruirse en 2006 y que condujo a las detenciones de su entonces alcalde, Eugenio Hidalgo, y el concejal de Ordenación, Jaume Massot. La primera gran causa de corrupción urbanística en Mallorca comenzó con la investigación de la construcción de una vivienda, propiedad de Hidalgo, en zona protegida. Hidalgo ha sido condenado en dos ocasiones por la Audiencia Provincial de Palma. Ambas sentencias están recurridas ante el Tribunal Supremo.

Canarias
Se trata de la única comunidad en la que tres de los detenidos, concretamente en el caso Faycán, tienen sus causas archivadas. A finales de 2006, un total de 11 cargos del PP fueron detenidos después de que se destapara una supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Telde.
El caso arrancó en julio de 2005, a raíz de la denuncia de una empresaria que aseguró que la Concejalía de Obras Públicas le había exigido el pago de una comisión del 20% del presupuesto de la obra a cuya adjudicación aspiraba. Otro de los casos más conocidos es el de Mogán. Su alcalde, José Francisco González, sigue en el cargo imputado por cohecho en el caso Góndola.

Comunidad Valenciana

En los últimos años, ha sido detenido un cargo del PP. Se trata del concejal de Albatera Javier Bru, que sigue en activo. Está imputado, entre otros delitos, por extorsión y salió de la cárcel tras pagar una fianza de 60.000 euros.
En el denominado caso Brugal, se investiga el pago de supuestos sobornos en la adjudicación del servicio de recogida de basuras de Orihuela. El secreto de sumario cumplió en mayo dos años.

Galicia
Alejandro Gómez y José Luis Mosquera, ambos ex concejales del PP de Gondomar (Pontevedra), fueron detenidos en 2007 acusados de delitos relacionados con la corrupción urbanística. La sentencia, que los condenó a 18 meses de prisión, está recurrida ante la Audiencia Provincial.

Murcia
Murcia es otro de los puntos negros de la gestión del PP, sobre todo en cuestiones urbanísticas. En los últimos años, seis cargos del partido han sido detenidos.

El caso más reciente es el de Librilla, donde diez personas, entre ellas el alcalde, José Martínez, y el concejal de Urbanismo, Pedro Martínez, fueron apresadas por su presunta implicación en una trama de corrupción. El PP les dio de baja, pero ambos, imputados por cohecho y negociaciones prohibidas a funcionarios, continúan en su puesto.

Tampoco ha dejado el cargo José Martínez Andreo, alcalde de Totana, detenido el 29 de noviembre de 2007 por el caso Tótem. Se trata de una supuesta trama de cobro de comisiones para recalificar unos terrenos, donde una empresa gallega del grupo Nuaria pretendía construir viviendas.

El regidor está imputado por los cargos de prevaricación, falsedad de documento público y tráfico de influencias. Su causa por cohecho ha sido sobreseída. Eludió la prisión tras el pago de una fianza de 70.000 euros. También por este mismo caso fue detenido el entonces concejal de Agricultura, Juan Francisco Casanova, que está imputado por cohecho.

Otro caso pendiente de juicio es Polaris World, que en 2008 llevó a la detención del todavía alcalde de Torre Pachecho, Daniel García Madrid, por una supuesta permuta irregular de terrenos municipales. Por último, el caso Zerrichera provocó el apresamiento de Francisco Marqués, ex consejero de Industria y Medio Ambiente del Gobierno murciano.

MÁS Y MÁS CONDENADOS POPULARES

Otro que también decía que detrás de su imputación solo había política barata y nada más, para fastidiarle a él y a su familia.

Un ex alcalde del PP, condenado a tres años de inhabilitación y multa de 73.000 euros
Su empresa compró un terreno que él mismo recalificó y más tarde edificó

El ex alcalde popular del municipio riojano de Santurde ha sido condenado a tres años de inhabilitación y suspensión y a pagar una multa de 73.000 euros por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” cometido en 2005. El ex edil, Jesús Montoya, firmó la compra de un terreno calificado como suelo dotacional con uso privado por parte de una empresa de la que era administrador solidario. Poco después aprobó la recalificación del terreno como suelo urbano con uso residencial y una empresa de su propiedad construyó allí una promoción de 47 viviendas. La sentencia subraya la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor, y duplica la pena solicitada por el fiscal.

Durante doce años (cuatro con el Partido Riojano y ocho con el PP) gobernó Jesús Montoya el municipio de Santurde (La Rioja). En 2007 dejó la alcaldía y ahora tendrá que rendir cuentas con la Justicia por su mala actuación en sus años de mandato. El juzgado de lo Penal número 1 de La Rioja ha dictado una sentencia por la que suspende de cargo público al ex edil durante tres años y le impone una sanción de 73.000 euros, el doble de lo que pedía la Fiscalía. El magistrado del caso considera que había que aplicarle la sentencia en el máximo de tiempo y con una cantidad acorde con sus posibilidades económicas y con el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” que cometió durante su mandato.
Su empresa compró el terreno
La sentencia recuerda que en julio de 2004, ya como edil del PP, Montoya autorizó la compra de un terreno propiedad de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logrono que estaba calificada en el Plan General Municipal como suelo dotacional para la construcción de una residencia de ancianos. La compra la realizó la empresa Ribera del Oja Mercantil, de la que el propio ex alcalde era administrador solidario. En septiembre del mismo año, la compañía solicitó un cambio en el Plan Municipal para convertir el suelo en terreno residencial, algo que se autorizó en enero de 2005.
Rápida recalificación
Según el auto, Montoya, en su calidad de alcalde, sabía que Diócesis había solicitado en numerosas ocasiones el cambio de la calificación del suelo, una petición que el Ayuntamiento que él regía no atendió durante cuatro años. Sin embargo, cuando fue su empresa la que adquirió el terreno, la modificación se produjo inmediatamente.
También constructor
Otra empresa también propiedad de Montoya se encargó de construir en la zona una promoción de 47 viviendas, entre edificios unifamiliares y apartamentos, además de locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.
Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
La sentencia apunta que aunque la modificación urbanística “siguió el cauce formal correcto” en una actuación “usual en todos los municipios”, no se puede olvidar la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor de las viviendas, una condición que le hace haber incurrido en el citado delito de negociaciones prohibidas.

elplural.com

La noticia en soitu.es

FOTO: www.soitu.es

DOS TARDES

El exministro Jordi Sevilla ha dicho que se marcha después de su gran trabajo como Ministro y Diputado, y hay que darle las gracias, por esas dos tarde que dedicó a dar clases de economía a Zapatero, y que por los resultados, debieron ser de matricula de honor.

Hace un par de días José Luis Rodríguez Zapatero demostró en el hemiciclo que está aquí para gobernar España y a todos los españoles por igual, sin distinción de clases o castas, y hacer que este país este al lado, como se merece, de las mejores potencias económicas –sin oler ningún trasero-, ya que por capacidad social, por aportación a la historia –excepto fascismos y reyezuelos déspotas-, por ambición de progreso y solidaridad de la mayoría de sus ciudadanos,… tiene reservado un puesto entre los mejores, y especialmente, cuando ha demostrado en un corto periodo de tiempo –la mayor parte gobernando socialistas-, que si no ha ocupado siempre este sitio, no ha sido por falta de cualidades, sino por los impresentables que han gobernado para minorías de vividores prepotentes, manteniendo al resto de la población en el vasallaje.

Zapatero ha abierto el curso político explicando a los ciudadanos cada una de las medidas que el gobierno ha puesto en práctica, -su aplicación y resultados-, para contrarrestar esta crisis de avariciosos liberales-neocons. Ha expuesto las líneas de la nueva Ley de Economía Sostenible que buscará un modelo más estable y de mejor futuro, y el próximo Decreto Ley, que permitirá a los municipios disponer de un fondo de 5.000 millones de euros a partir de 2010 para realizar proyectos del nuevo modelo, y otro de 20.000 millones de euros para canalizar la financiación al sector privado en proyectos innovadores de inversión. También ha avanzado que la Ley de Presupuestos 2010 será instrumento para la reactivación económica, siendo los más austeros de los últimos años, al reducir el gasto medio de los ministerios un 6%, lo que supone un recorte de 2.500 millones respecto a 2009 -sin pérdida de servicios sociales-.

El Presidente ha defendido, como nadie, la gestión económica de sus Gobiernos ante la crisis global, desde las primeras medidas en el 2004, cambiando la ley del suelo que trajo la especulación urbanística, inversiones en energías limpias y renovables con el objetivo del 20% de energía verde en 2020, la reforma en adecuación y formación profesional con un nuevo modelo educativo –que ya da brotes verdes-; hasta alguna de las últimas, como el Plan E que tan buenos resultados esta dando para más de 450.000 ciudadanos y sus familias, y casi 15.000 empresas que subsisten mientras pasa lo más duro de la crisis, o las ayudas y avales al sistema financiero con Fondos de Adquisición de Activos Financieros (FAAF), que van a generar a las arcas del Tesoro Público 1500 millones extras.

Rajoy y el PP siguen sin desgranar sus propuestas económicas por impopulares y clasistas, y no deja de sonreír al ver la lógica pérdida de competitividad como consecuencia de los efectos devastadores de la crisis, paro y pérdida de tejido empresarial. Siguen criticando la subida de impuestos para las rentas altas –sus clases medias de 50.000- y exigiendo su austeridad –recortes sociales-, sin soltar dato a los españoles –Duran i Lleida a los catalanes- de que buscan reducir el estado del bienestar, servicios sociales, carreteras, AVE, becas, pensiones y salarios mínimos. Zapatero les ha echado en cara su demagogia y cobardía al abogar por no subir impuestos y callarse de donde recontarían. El caso es, que ha instando a Rajoy a una próxima reunión, pero le ha dicho que antes tenga una sentada previa con algunos alcaldes del PP, como Alberto Ruiz-Gallardón o con Gobiernos Autonómicos, como el de la Comunidad Valenciana, para ver qué han hecho con los impuestos y qué deuda tienen, que están entre las más altas de España.
De cualquier forma el bueno de Mariano y su PP, han tenido que aguantar como la agencia de calificación crediticia, Moody's no prevé rebajar el rating de la deuda pública a España y a los países con máxima nota crediticia -Aaa-, destacando, que nuestro país ha demostrado ser más resistente de lo previsto, abandonando la categoría de vulnerable en la que entró el pasado febrero, sin esperar rebajas en un futuro próximo.

Zapatero va a pedir un esfuerzo solidario a esos españoles a los que la crisis no ha afectado en mayor cuantía, con una subida moderada de la presión fiscal, a través de los presupuestos de 2010, y sin modificar la fiscalidad de las rentas de trabajo, la cual estará en torno al 1.5% -los 15.000 € que le sumaron a Rajoy-, aunque habrá ajustes fiscales a la baja y al alza. A pesar de esta subida de la presión fiscal, España seguirá estando por debajo de los niveles que tenía antes de la llegada socialista en 2004, que rondaba el 34,5%, después de que Aznar la subiera –casi un 2%-, siendo rebajada por Zapatero al 32,7%. De cualquier forma, seguirá siendo una de las grandes economías mundiales con menor presión fiscal, alejada de 38% y 39% de Francia y Alemania, del 41% de la EU o del 45% de los países escandinavos –a los que envidiamos por su calidad de vida-.

Y por supuesto: “Hablaremos de las SICAV y de las grandes fortunas”

Hay que ver lo que dan de sí dos tardes

CLASE MEDIA DE LA DERECHA

Aquí tenemos unos buenos ejemplos de esa clase media a la que nuestra derecha no quiere que la suban los impuestos para echar una mano a salir de la crisis neocon.

PIJOLANDIA SE BORROKIZA

Vaya con la educación que están dando a los pijos de este país los padres adinerados que no quieren pagar unos pocos de impuestos de sus fortunas para mejorar la educación de nuestra juventud. Los cachorros del o´sea han aprendido de los primos del Txokosol, como se debe atacar a la policía que nos defiende de terroristas y delincuentes, y se han atrevido a ponerlo en práctica para defender un botellón en las fiestas del municipio mas rico de España en la zona jet´s de la fachorra Comunidad de Madrid, intentando asaltar una Comisaría de Policía en Pozuelo de Alarcón al mejor estilo borroka y dejando heridos a diez defensores de la ley.

No estamos hablando de jóvenes en desempleo como el demagogo portavoz de PP, González Pons, ha querido manipular, ni tampoco jóvenes de los que se levantan por la mañana para ganar 13.000 euros al año, si no, como dicen los medios de comunicación de la derecha, jóvenes de clase media, o como se dice en castellano, un montón de pijos-tontos, sin obligación alguna, todavía disfrutando de su periodo vacacional trimestral de universidad privada y que creen estar por encima de la ley. Esos a los que sus papás y mamás, con 40 o 50 mil euros -en adelante-, han mandado a los juzgados sus abogados para la defensa de los nenes, es decir, la clase media que tanto defiende el PP y a la que no quieren se la suban impuestos para que ayuden a salir de la crisis a la que contribuyeron. Unos españoles que no tienen nada que ver con el 63% de la población que cobra por debajo de mil euros mensuales. ¿Estos son los valores que el PP y Rajoy defienden y quieren para nuestros jóvenes?. ¿Esta es la educación que desde Madrid nos quieren imponer a los jóvenes españoles?. Ya tiene Esperanza Aguirre trabajo para analizar las causas del por qué pasa esto en Madrid.

Ahora solo queda que se haga justicia siendo juzgados y condenados como se merecen. Otros por quemar contenedores, sin llegar agredir a policías, han visto barrotes. En este caso deberán ser tratados con el mismo rasero. Mismos hechos, mismas condenas.

Pozuelo y Lekeitio motivos para el hermanamiento.

Mira el futuro

LA INVESTIGACIÓN QUE FALTA

El contable de Correa admite pagos de la 'caja B' de la trama al PP de Valencia
JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - El País- 06/09/2009

La investigación judicial de la trama de empresas que dirigía Francisco Correa apenas ha seguido el hilo de la supuesta financiación ilegal del PP pese a los indicios aparecidos en la documentación incautada a la red corrupta. Un testimonio conocido ahora, el de José Luis Izquierdo, contable de las principales empresas de Correa, arroja alguna luz sobre estas supuestas prácticas. En marzo pasado, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia, según figura en un informe del sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS. La dirección de los populares valencianos niega tales pagos.

El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".

La investigación, según figura en el informe incorporado al sumario, considera que "no existe ninguna lógica en el traspaso de 420.000 euros de la trama corrupta hacía el PP de Valencia, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política que no debería participar en este tipo de operaciones". Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa".

Dichos pagos, que apuntarían a la financiación ilegal del PP valenciano, no han sido investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana dado que éste sólo aceptó instruir un caso de supuesto cohecho impropio de dirigentes del PP y descartó analizar el supuesto tráfico de influencias a favor de la trama que había visto, durante su instrucción, el juez Baltasar Garzón. La documentación incautada a la trama recogía el pago al PP, y la posterior declaración del contable lo ha confirmado.

Garzón entendió, y así lo escribió en un auto, que la trama que dirigía Correa se podría haber beneficiado de sus relaciones de amistad con el Gobierno de Francisco Camps, al que hizo numerosos regalos, para conseguir a cambio contratos públicos. Cuando Garzón se inhibió en favor del Tribunal Superior de Valencia el pasado marzo, sólo había logrado acreditar un contrato adjudicado por concurso por la Administración valenciana a la trama para el montaje del pabellón de Fitur en Madrid.

Sin embargo, la investigación posterior ha logrado acreditar al menos otros 40 contratos menores adjudicados a dedo y algunos de ellos troceados en minicontratos inferiores a 12.000 euros para evitar el concurso público. Y eso sólo referido a Orange Market, una de las empresas de la red que hizo negocios en Valencia. Hay otras sociedades que también trabajaron para la Administración valenciana que, de momento, no figuran entre la documentación examinada por los tribunales.

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia asumió la instrucción del caso pero entendió que no había indicios suficientes para investigar el tráfico de influencias, por lo que sólo indagó si los regalos recibidos por los dirigentes del PP valenciano entraban dentro del supuesto de cohecho impropio.

Aunque el juez instructor entendió que había suficientes indicios de que se hubiese producido ese delito, un recurso de los imputados permitió a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por dos votos a uno, archivar el caso. La fiscalía recurrió la decisión ante el Supremo, que deberá resolver de manera definitiva el mayor escándalo que ha afectado al presidente Camps durante su mandato en Valencia.
La trama de corrupción logró cerca de ocho millones de euros en adjudicaciones, la mayoría a dedo, a su filial valenciana Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. Éste mantenía vínculos estrechos con el presidente valenciano, a quien supuestamente hacia regalos caros de forma habitual.

Otros apuntes encontrados por la policía en la documentación incautada a la red de corrupción también sugieren distintas vías de financiación ilegal del PP. En Valencia, por ejemplo, se recoge un cobro en dinero negro procedente supuestamente del PP por 150.421 euros en relación con la organización del congreso del PP valenciano de septiembre de 2002.

La mecánica sería muy parecida a la que investiga -por un caso distinto- el Tribunal Superior de Justicia de Baleares: allí se ha encontrado documentación que acreditaría cómo el PP balear pagó en dinero negro 70.000 euros a una agencia de publicidad que se encargó de su campaña electoral. En ese caso, alguno de los trabajadores de la agencia de publicidad ya han declarado al juez que cobraron el dinero negro del PP porque había sobrepasado el límite legal de los gastos electorales.
El PP valenciano niega cualquier pago en dinero negro o una financiación ilegal vinculada a la trama de Correa.

Otros indicios en Génova y Madrid
La documentación recogida en el sumario del caso Gürtel incluye indicios de una supuesta financiación ilegal del PP, no sólo en Valencia sino también en el PP de la Comunidad de Madrid y en la organización nacional que ahora preside Mariano Rajoy.
Para el PP de Boadilla del Monte (Madrid) hay dos pagos registrados correspondientes a 2007 por 19.000 euros. En el caso del PP de Madrid, el ex concejal de esta formación en Majadahonda que destapó el escándalo con su denuncia, José Luis Peñas, declaró ante la fiscalía: "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [entonces consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid] para conseguir que la Comunidad pagara a las empresas de Correa dos millones de euros que le adeudaba. Correa me pidió que le dijera a López Viejo que si no pagaba se iba a difundir que la Comunidad había pagado facturas de actos del PP por la vía de pagar facturas por servicios no prestados".

Los dirigentes del PP madrileño, que preside Esperanza Aguirre, negaron este extremo aunque sus cuentas en Fundescam, una fundación del partido, acreditan pagos a las empresas de Correa que supuestamente podrían estar relacionadas con financiación ilegal del partido. Además, en la caja de seguridad que tenía el número dos de la trama de corrupción, Pablo Crespo, se encontraron apuntes que acreditan cobros por 600.000 euros del PP sin ningún respaldo documental.

Articulo y Foto; www.elpais.com

NO ES AMNESIA, ES BURLA

Hasta 41 miembros del PP han sido condenados por la Justicia desde 2004
¿Sufre amnesia Rajoy?
V.V.
Mariano Rajoy se mostró ayer tajante a la hora de afirmar que, desde que él llegó a la dirección del PP en 2004, ningún miembro del partido ha sido condenado por los tribunales. “Se me puede escapar algún caso”, comentó, pero lo cierto es que su amnesia va mucho más allá de uno o dos dirigentes que han cometido delitos: el diario Público calcula que hasta 41 son los cargos del PP que los tribunales han considerado culpables desde 2004 de diversos delitos que van desde la prevaricación y la malversación de fondos públicos, hasta las injurias, calumnias, lesiones e incluso abusos sexuales.

“Desde 2004, no hay ningún militante el PP que haya sido condenado y hay varios, algunos luego indultados por el Gobierno de España, del PSOE, que sí lo han sido”. Así de contundente se mostraba ayer Mariano Rajoy para salir del paso de la s acusaciones que pesan contra miembros de su partido salpicados por la trama de corrupción de la Operación Gürtel, para luego seguir insistiendo en que los populares que son investigados por la justicia sufren una persecución por parte del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
Al menos 41 condenados
No sabemos si Rajoy sufre algún tipo de amnesia, pero lo cierto es que son al menos 41 los miembros del PP que desde 2004 han sido condenados por los tribunales, incluso con penas de prisión. En orden cronológico, el primer condenado conservador a partir de ese año fue el alcalde de Toques (A Coruña), por un delito, nada menos, de abusos sexuales a una menor. También por abusos sexuales se condenó en 2005 al alcalde de Alzira (Valencia), Eusebio Laudes.
Prevaricación, el delito más repetido
La lista continúa: la prevaricación es el delito más repetido (condenaron por ello al ex alcalde de Torrelaguna, Jacinto Llamas; al alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova; al alcalde de Almadén de Plata, José Luis Vidal Ortiz; a la ex directora provincial del Insalud de Ceuta, Malika Abdeselam; al ex delegado de Gobierno de Ceuta, Vicente Moro; al alcalde de Mozón, Adolfo Campos; al alcalde de Portillo, Luis Gómez, y al ex concejal madrileño Luis María Huete), pero hay más.
Cohecho, malversación, desobediencia….
Juan José Cazorla, alcalde de Antigua (Fuerteventura), fue condenado por cohecho en 2005; por apropiación indebida fue condenado el portavoz del PP en Tudela, Moisés Milla, y por malversación se procesó a Lluc Tomás, alcalde de Llucmajor (Mallorca) en noviembre de 2008. Por vulnerar los trámites del voto por correo tuvieron que pagar en Baeza (Jaén) los miembros del PP José María P.B. y José P.R., y hace solo unos meses, en enero de 2009, se condenó por desobediencia en cargo público al alcalde de La Línea (Cádiz), Juan Carlos Juárez.
Injurias y alcohol
Por un delito de injurias tuvo que pagar en diciembre de 2006 el alcalde de Beniel (Murcia), Pedro Coll Tovar; lo mismo que le ocurrió en 2006 al teniente de alcalde de Medina del Campo (Valladolid), Fidel Lambás. Dos miembros más del partido, Ángel Blanco (senador del PP por Córdoba) y Francisco Amizián (concejal del Ayuntamiento de Almería), están condenaos por conducir bajo los efectos del alcohol.
Insultos, vejaciones y agresiones
En la lista aparecen incluso delitos tan graves como el de insultar a una compañera (Manuel Ortuño, subdelegado del Consell en Elche, en 2005), vejación de una diputada (Luis Madiedo, secretario de Acción Sectorial del PP de Gijón, en 2007); agresión a su esposa (Leopoldo Rodríguez, edil de Aldaia, en 2008); falta contra las personas en una discusión (Juan Morillo, alcalde de La Guardia, en 2008); propinar una paliza (Rafael Sánchez Lavado, alcalde de Sierra Yeguas, en 2007), y una falta de lesiones (Ignacio Francisco Pérez, edil de Otura, en 2008).
Suma y sigue
Otros delitos por los que han condenado a miembros del PP en los últimos años son, por ejemplo, el de adjudicar la compra de material a su propia empresa (lo hizo Buenaventura Gómez, alcalde de Casalarreina, en 2004), o el de derribar la parterre de la casa de una vecina (Carmelo Vega, ex alcalde de Santa Brígida, y otro edil, en marzo de 2006).
Un vistazo a la hemeroteca
Y eso que Rajoy puso el contador a cero en el momento de su llegada al partido, limpiándose las manos de todo lo acontecido antes. Francisco Correa, por ejemplo, empezó a operar con el PP antes de esa fecha, en la época de Aznar. Los datos hablan por sí solos. Rajoy debería revisar su amnesia sobre las condenas en los miembros de su partido o, simplemente, comprobar la hemeroteca antes de lanzarse a hacer afirmaciones tan contundentes como la de ayer.

La lista que olvidó Rajoy
LOS 41 CONDENADOS
Aunque Rajoy sostiene que desde el año 2004 nadie del PP ha sido sentenciado, 41 afiliados recibieron condenas
MARÍA JESÚS GÜEMES - Madrid - 02/09/2009
Jesús Ares Vázquez
El alcalde de Toques (A Coruña) fue condenado en enero de 2004 por un delito de abusos sexuales a una menor.
José Castro Álvarez
El ex alcalde de Ponteareas (Pontevedra) y otros siete ex ediles fueron condenados en enero de 2004 por prevaricación.
Manuel Ortuño
El subdelegado del Consell en Elche fue condenado en junio de 2005 por insultar a una compañera.
Buenaventura Gómez
El alcalde de Casalarreina (La Rioja) fue condenado en diciembre de 2004 por adjudicar la compra de material a su propia empresa.
Juan José Cazorla
El alcalde de Antigua (Fuerteventura) fue condenado en octubre de 2005 por un delito de cohecho.
Eusebio Laudes
El edil de Alzira (Valencia) fue condenado en diciembre de 2005 por abusos sexuales.
Fidel Lambás
El teniente de alcalde de Medina del Campo (Valladolid) fue condenado en enero de 2006 por injurias.
Jacinto Llamas
El ex alcalde de Torrelaguna (Madrid) fue condenado en marzo de 2006 junto a cuatro concejales más por prevaricación.
Carmelo Vega
El ex alcalde de Santa Brígida (Las Palmas) y otro edil fueron condenados en marzo de 2006 por derribar el parterre de la vivienda de una vecina.
Ángel Blanco
El senador del PP por la provincia de Córdoba fue condenado en noviembre de 2006 por conducción bajo la influencia del alcohol.
Manuel Vilanova
El alcalde de Vila-real (Castellón) fue condenado en noviembre de 2006 por prevaricación.
Pedro Coll Tovar
El alcalde de Beniel (Murcia) fue condenado en diciembre de 2006 por injurias.
José Luis Vidal Ortiz
El alcalde de Almadén de la Plata (Sevilla) fue condenado en enero de 2007 por prevaricación.
Luis Madiedo
El secretario de Acción Sectorial del PP de Gijón (Asturias) fue condenado en marzo de 2007 por vejar a una diputada.
Malika Abdeselam
La ex directora provincial del Insalud y miembro de la Ejecutiva del PP de Ceuta fue condenada en marzo de 2007 por prevaricación y estafa.
Moisés Milla
El portavoz del PP en Tudela (Valladolid) fue condenado en julio de 2007 por apropiación indebida.
Vicente Moro
El ex delegado de Gobierno en Ceuta fue condenado en septiembre de 2007 por revelación de secretos, calumnia y prevaricación.
Francisco Amizián
El concejal del Ayuntamiento de Almería fue condenado en enero de 2008 por circular en estado de embriaguez.
Juan Morillo
El alcalde de La Guardia (Jaén) fue condenado en enero de 2008 por una falta contra las personas en una discusión.
Leopoldo Rodríguez
El edil de Aldaia (Valencia) fue condenado en febrero de 2008 por agredir a su esposa.
Adolfo Campos
El alcalde de Dozón (Pontevedra) fue condenado en marzo de 2008 por prevaricación.
Luis Gómez
El alcalde de Portillo (Toledo) fue condenado en abril de 2008 por prevaricación.
Luis María Huete
El ex concejal madrileño fue condenado en junio de 2008 por prevaricación.
Rafael Sánchez Lavado
El alcalde de Sierra de Yeguas (Málaga) fue condenado en 2007 por dar una paliza.
Lluc Tomàs
El alcalde de Llucmajor (Mallorca) fue condenado en noviembre de 2008 por malversación.
José María P.B.
Él y José P. R., miembros del PP en Baeza (Jaén), fueron condenados en diciembre de 2008 por delito de vulneración dolosa de los trámites del voto por correo.
Ignacio Francisco Pérez
El edil del PP en el Ayuntamiento de Otura (Granada) fue condenado en diciembre de 2008 por una falta de lesiones.
Juan Carlos Juárez
El alcalde de La Línea (Cádiz) fue condenado en enero de 2009 por desobediencia en cargo público.

Articulos: www.elplural.com y www.público.es

FOTO: www.losgenoveses.net

QUE ENVIDIA DE DERECHA

Aún no gustándome sus ideas y políticas, hay que reconocer que da envidia ver a una derecha europea como la alemana, condenando una y otra vez al monstruo que surgió en su país hace ahora setenta años, y que creyéndose una raza superior, llevó el terror y la muerte por gran parte del mundo, asolando toda Europa. Y todo gracias a un movimiento nazi y a su hermano el fascismo, que con las dosis propias del populismo intentaron domesticar el mundo a sangre y fuego.

Ángela Merkel ha asistido a los actos del setenta aniversario de la invasión de Polonia por el ejercito nazi, donde ha condenado el comienzo del más trágico capítulo en la historia de Europa, admitiendo que la guerra desatada por Alemania trajo consigo años de injusticia, humillación y destrucción para Polonia y Europa. Hace un año y medio, en el mismísimo parlamento israelí, realizó un discurso de condena al Holocausto.

Que envidia ver la diferencia de esta derecha con la española, que no quiere pedir perdón, a los mismos españoles, por el daño causado a sus familias y a su patria, al haberse sublevado contra un gobierno legítimamente elegido por el pueblo, apoyándose para conseguirlo en los nazis alemanes y los fascistas italianos, manteniendo una nación cuarenta años bajo un yugo, mientras ellos gozaban. No solo no piden perdón, sino que no quieren que se hable, no quieren que se recuperen los cuerpos de los asesinados, no quieren que se saque de las calles y plazas a los culpables, no quieren que se les quiten los honores, no quieren devolver lo rapiñado, no quieren que se reabra la historia que escribieron opresores,….. Quieren mantener el orgullo de lo ganado.

Alemania ha anulado las sentencias de los tribunales militares nazis y penaliza el nazismo. Brasil investiga los asesinatos de la dictadura brasileña y los autores que se escudaron en una amnistía aprobada por la propia dictadura. Argentina ha condenado su dictadura y anuló el perdón legal de los militares, derogando las leyes creadas en la dictadura por inconstitucionales. Chile otro tanto de lo mismo, pero acosando judicialmente a su dictador hasta la muerte y encarcelando a sus acólitos. EEUU intenta descubrir los abusos de sus neocons….. Todo el mundo civilizado condena e investiga los crímenes de sus pasados totalitarismos para no repetir la historia, excepto España, donde nuestras derechas mantienen su máscara de demócratas mientras celebran los aquelarres franquistas.

Muestra

LA MANTA DE FUN-DES-CAM

La ruta del dinero al servicio de la política
FERNANDO VARELA - Público 31/08/2009

Los papeles de Fundescam tienen la virtud de haber hecho visible, negro sobre blanco, la obscenidad con la que dinero y política comparten espacio en este país. A cara descubierta, un grupo de empresarios armados con buenos contactos en las altas esferas (algunos de ellos, además, sospechosos habituales), donan graciosamente cientos de miles de euros a una inocente fundación sin actividad conocida pero que, muy oportunamente para algunos, paga facturas a empresas que trabajan para la campaña electoral del PP.
Esos mismos empresarios, para que no quede ninguna duda, recuperan después el dinero a través de suculentos contratos otorgados por la administración gobernada por ese mismo partido. Y el círculo se cierra.
Lo simple del sistema sólo es comparable con el descaro con el que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, principal beneficiaria de la operación, mira para otro lado y sostiene, casi sin pestañear, que el Partido Popular no se ha financiado de forma irregular. La respuesta decente sería dar explicaciones o dimitir, pero ya sabemos que eso, hoy por hoy, es pedir demasiado.
En el país de los trajes a medida, los velódromos que cuestan el doble de lo previsto y las fundaciones fantasma es hora de aceptar que los mecanismos de control que deben impedir la corrupción son del todo insuficientes. Y que hay que cambiarlos, si no queremos que el descrédito de la política (principal aliado de una derecha que nunca ha entendido el verdadero significado de lo público) nos devore a todos.

FOTO: www.Público.es

MÁS Y MÁS IMPUTADOS EN EL PALMA ARENA

Poco a poco la justicia española, lenta pero precisa, va cortando quirúrgicamente el entramado de ingeniería financiera, en torno a la gestión y responsabilidades de algunos miembros del Gobierno popular durante la presidencia de Jaume Matas, por su presunta implicación en casos de corrupción o, ya veremos, presunta financiación irregular del partido.

Otros catorce imputados más han caído como consecuencia de la declaración del ex gerente de la Fundación Illefpor, entidad encargada de asignar los fondos públicos del velódromo Palma Arena, y entre los agraciados, cinco ex altos cargos del extinto Gobierno del Partido Popular -¡premio!,¡quién lo iba a decir, alguno del PP metido en estos líos!. je, je-. Joan Martorell ex jefe de comunicación, de la máxima confianza de Matas y actualmente Jefe de Prensa del PP Balear; Raimundo Alabern, ex Director General del Instituto Balear de Turismo, Ibatur; Pedro Álvarez, actual Consejero del Consell de Mallorca y ex regidor de Hacienda del Ayuntamiento de Palma; Antonio Amengual, ex Secretario General de la Consejería de Presidencia y Deportes; y Javier Cases, ex Secretario General de la Consejería de Turismo.

El ex Director de Deportes del Consell de Mallorca, Antoni Palerm, ha reconocido ante el juez haber facturado 840.000 euros de su empresa constructora al consorcio público responsable del Palma Arena.
También ha sido imputada Jane King, Secretaria General de la Vicepresidencia en la era Matas, y que, después de ser citada como simple testigo, fue inculpada por el juez y puesta en libertad por un delito de malversación de caudales públicos -¿Tiraría de la manta?-

Según consta en el sumario el ex presidente del PP balear, Jaume Matas se implicó personalmente en la construcción del velódromo, llegando a un compromiso personal con responsables de FCC, para que la obra se finalizase en algo más de un año, en vez de los dos años y medio que hubiera sido su duración, es decir, para que estuviera terminado antes de las elecciones. -¡así, así, así gana el Madrid!-

Por último y a la espera de acontecimientos, parece ser que el juez y anticorrupción han encontrado indicios de presunta financiación irregular del Partido Popular balear entre 2004 y 2007, cuando aún gobernaba la Comunidad el PP. -No, sii,...... al final habrá tomate de lo lindo-

Seguiremos atentos.

FOTO: www.elpais.com

SI USAIN BOLT FUERA PALENTINO

Se me tratara de mal@ palentin@ o algo peor, pero es lo que creo, sin distinción de raza, religión, opinión o ideología. De antemano diré, que me alegro, y mucho, del triunfo obtenido por Marta Domínguez en los mundiales de Berlín , y seguido expondré algo que me está contrariando.
Por lo visto y escuchado en prensa y radio, el Ayuntamiento y Diputación de Palencia van a solicitar el premio Príncipe de Asturias para esta atleta, y sin intención alguna de quitar reconocimientos a nadie, opino que todo debe ir dentro de unos márgenes lógicos de coherencia.

Con mucho esfuerzo, como deportista de élite que es, ha conseguido un buen y meritorio historial. Ha obtenido bronces, platas y oros en campeonatos europeos de 3000 y 5000, subcampeona del mundo de 5000 m ante el hundimiento de la rumana Gabriela Szabo, campeona de Campo a través y ahora medalla de oro en 3000 obstáculos en los mundiales de Berlín. Sí, es la mejor atleta española de todos los tiempos a día de hoy, y así se la ha tratado en nuestra ciudad, provincia, región y país. Se han abierto calles con su nombre, dos polideportivos se llaman Marta Domínguez –Palencia y Venta de Baños-, la escuela provincial de Atletismo tambien lleva su nombre, varias veces mejor deportista de Castilla y León, medalla de oro de la ciudad de Palencia, así como otros muchos otros reconocimientos, e hija predilecta de la ciudad.

Todo esto está bien, pero para optar al Príncipe de Asturias se requiere algo que haga especial al galardonado, como es, la trayectoria profesional y sus valores humanos, y en este caso, al menos, se hace necesario intentar conseguir algún record mundial –¿dice no necesitarlos?-, porque sino, lo que estamos haciendo, no es agrandar la figura de la atleta, sino desacreditar nuestro afamado Premio Príncipe de Asturias. Ahora que los 5000 m se han puesto tan caros con las etíopes y keniatas pulverizando piernas, y Marta ha optado por los 3000 obstáculos, una prueba joven, donde todavía no hay grandes registros y especialitas –La rusa Gulnara Galkina ostenta el record mundial con 08:58.81 desde el día que Marta se cayó en Beijing-, es el momento de intentarlo y demostrar la excepcionalidad para hacerse acreedor de una de las mas grandes distinciones internacionales de nuestro país. Sebastián Coe, Carl Lewis, Michael Schumacher, Hicham El Guerrouj, Steffi Graf, Hassiba Boulmerka o Martina Navratilova, por ejemplo, además de grandes plusmarquistas mundiales, son embajadores universales del deporte, lo que les hace aun más colosales.

Tres anotaciones:
-No incluyo a Arantxa Sánchez Vicario con otros galardonados, pues auque es una gran deportista, dejan que desear sus valores humanos.
-Fermín Cacho es el mejor atleta español de todos los tiempos y no tiene el afamado premio.
-Hay arrepentidos por dar este premio, en su momento, a Fernando Alonso.

Pep Guardiola, propuesto para el premio Príncipe de Asturias de los Deportes: "Se agradece, pero que se lo den a otro. Yo creo que es un premio muy prestigioso y que se avala a los deportistas que han hecho cosas que están muy bien y con trayectorias muy largas y la mía es muy corta. Lo agradezco de corazón, pero creo que nos estamos pasando un poco",

Los entendidos en toros dicen que en Palencia somos muy poco exigentes, ¿lo somos para todo?.
¿Si Usain Bolt fuera palentino, que premio habría que concederle?.

CÍNICO ACOJONO

Hay que ser cínico e hipócrita para ahora decir que ellos no se han levantado de la mesa de negociación en el dialogo social. Se creerá Díaz Ferrán que los españoles somos tontos y no le hemos visto clamar despidos mas baratos para los trabajadores, con miras al despido libre, bajadas de salarios -1%- y rebaja de derechos para los trabajadores. No nos dimos cuenta los españolitos, cuando después de comer con Rajoy, salió en tromba contra sindicatos y Gobierno cambiando las reglas del juego y pidiendo una reforma laboral, de la que ni empresarios ni PP, se atreven a decir públicamente en que consiste esa reforma laboral que tanto pregonan.

Avaros y codiciosos son los empresarios españoles, que después de haberse embolsado millones y millones de euros en los años que la especulación ultraliberal nos obnubiló -tiempos de gobierno del PP-, ahora quieren hacer el agosto a costa de los trabajadores que sufren el zarpazo de la crisis neocons, es decir, la derecha mas derecha.

En esta negociación no puede haber punto cero. Con los derechos de los trabajadores no se juega, y hacen bien el Gobierno socialista y los sindicatos en sacar fuera de la negociación tales extremos. Los empresarios tienen que meterse en su dura cabezota que para salir de la crisis tienen que poner algo de lo que se han embolsado durante los años de vacas gordas. Que no todo es guardar y guardar. Hay que exponer para ganar. Y de nada le vale al todo poderoso presidente de la CEOE, decir que podemos tardar en salir de la crisis catorce años si no hay reforma laboral, acordándose para ello del año 93, cuando empresarios, PP y demás derechas, se unieron para sacar al PSOE del Gobierno -Que se lo cuenten a Ansón-. Pues por eso, es que ahora no se cede, porque de los empresarios de derechas no se puede fiar, solo les interesa que gobierne su opción política para volver a los sueldos estratosfericos de ejecutivos. Imagino que ya estarán preparando con el PP la estrategia para el otoño, así no se hablará de la Gürtel, los espías, el Palma-Arena, etc, etc…. . Solo queda oír decir a los empresarios que también están sufriendo una persecución con escuchas ilegales, policías, jueces, gobierno, y rita la cantaora.

Con razón dijo Pepe Blanco que había empresarios a los que no les gustaba como ejercía Díaz-Ferrán la negociación. Ahora le ha tocado bajarse los pantalones e ir a la SER a decir que ellos nunca han dejado la negociación, incluso que es amigo de Zapatero –que cínico-. Que pensará la Espe, ¿habrá tenido un ataque de cuernos?. No lo creo, en la derecha están acostumbrados a taparlo todo.

CADA VEZ MAS VOCES

La formula secreta de la crispación (II)
Hay cosas con las que no se puede jugar. Y una fundamental es el estado de derecho. Lo que distingue a una democracia parlamentaria de un sistema autoritario y de una dictadura es la falta de seguridad jurídica propia de un estado de derecho. Quienes afirman que España es un estado policial no sólo están diciendo un disparate desde el punto de vista legal y jurídico, sino que adoptan una actitud política propia de un partido antisistema.

La primera consideración es conceptual. Un estado de derecho, con treinta años de funcionamiento, no admite la posibilidad teórica y práctica de que puedan realizarse conductas como las que el PP denuncian. Significaría la colaboración cómplice de cientos de personas, funcionarios públicos, jueces, policías, fiscales…. Todos ellos han condenado las declaraciones y las actitudes del PP.

Las propias instituciones del estado de derecho, la separación de poderes, las vías de defensa legal de cualquier derecho fundamental vulnerado, hace que sea metafísicamente imposible unas prácticas como las que con tanta irresponsabilidad se empeña en denunciar sin pruebas el PP.
En cualquier otro país europeo, en cualquier otra democracia parlamentaria, una conducta como la del PP le situaría extra muros del juego de partidos, sumido en la soledad de los partidos que están fuera del sistema democrático, aislado por la prensa y apestado por la sociedad. En España sólo es posible la conducta del PP por la cobertura mediática y por un fenómeno sociológico de costumbre en aceptar conductas mórbidas que a fuerza de repetirse han adquirido de hecho, que no de derecho, la virtualidad de parecer democráticas. No lo son , pero el soporte mediático de los medios conservadores producen un efecto de espejismo que sitúa la aberración política de forma respetable.

En España conviene recordar que el conjunto, todos y cada uno de los partidos parlamentarios, incluso los más radicales como Ezquerra, aceptan la clasificación de España como un estado de derecho. Solamente algunos partidos extraparlamentarios y minoritarios, movimientos de okupas y otras minorías radicalizadas junto a Batasuna y ETA se atreven a hacer una formulación como la que hace el PP.

¿Por qué se sitúa el PP en condición de partido antisistema? En primer lugar es una huída hacia adelanta porque sin duda conoce que la investigación del caso Gürtel y otros escándalos de corrupción que se han producido dentro de su partido tiene todavía mucho recorrido. En vez de aceptar sus propias responsabilidades, genera una denuncia imposible, desproporcionada y absurda que por todas esas condiciones es imposible de rebatir porque su falta de concreción la hace invisible, excepto para los fanáticos incondicionales que no son incapaces de reconocer el disparate.

En segundo lugar prepara el terreno para la gran confrontación institucional del otoño en la que esperan que la situación económica ahogue al Gobierno.
Una salida que sin duda está al alcance de la mano es un pacto entre todos los partidos del arco parlamentario para dejar en evidencia la falacia, la irresponsabilidad y las pretensiones del PP. Una denuncia que determine que le PP se ha situado al margen del sistema democrático en una conspiración parecida a la que llevó a cabo el 11-M. Habría que considerar que el hecho de que al PP le haya salido gratis su papel en la conspiración del 11-M le ha inducido a repetir una locura por suponer que ahora tampoco pagará peaje.

La democracia española debiera rearmarse con un apolítica de exigencia de mínimos para permanecer dentro del sistema. Hay conductas que en España, dentro de los medios de comunicación y de los partidos, no deben ser admitidas y hay que establecer una cuarentena para quienes procedan de esa forma.No es casual que la tesis del PP –España con el PSOE es un estado policial- sea una copia calcada de las denuncias tradicionales de ETA. ¿Es conciente Mariano Rajoy que con su actitud le da la razón a ETA? Que él saque sus propias consecuencias (Continuará)

Carlos Carnicero es periodista y analista político

La formula secreta de la crispación (I)

La fórmula secreta de la crispación (y III). Un cinturón sanitario contra el ataque a las instituciones

ASI EMPEZARON, DICE EL ABUELO

Editorial El País 12/08/09, tal cual...

Comparecencia en falso
Rajoy compromete su futuro al avalar una estrategia inaceptable en un Estado de derecho

Mariano Rajoy compareció ayer ante la prensa en plena ofensiva del PP contra el Gobierno, jueces, fiscales y fuerzas de seguridad a cuenta de los escándalos de corrupción que le afectan. Los peores vaticinios se cumplieron. Fue un avance en la forma -Rajoy admitió preguntas en lugar de enviar una grabación o evitar las apariciones públicas, como hizo mientras el tribunal de Valencia mantuvo imputado al presidente Camps-, pero un desastre en el fondo. El líder del PP, en una decisión que le compromete y señala como en el pasado su apoyo a la teoría de la conspiración sobre el 11-M, avaló la estrategia desplegada por su partido para dificultar el esclarecimiento judicial de los escándalos y confundir a la opinión pública. El delgado hilo que sujeta esta estrategia, suicida para un partido que aspira a gobernar España y corrosiva para el sistema democrático, consiste en afirmar, sin aportar ni una prueba solvente, que el Gobierno está utilizando el Estado de derecho contra la oposición.

La gravedad de esta acusación radica en que el destinatario no es sólo el Gobierno, sino también cuerpos e instituciones del Estado que, como la policía y la justicia, son considerados por el PP simples instrumentos para la comisión de delitos. De acuerdo con las declaraciones de Rajoy, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Valencia habrían aceptado renunciar a la independencia que les exige la Constitución y ponerse a las órdenes del Ejecutivo. Y algo semejante habrían hecho la Policía Judicial y las fuerzas de seguridad involucradas en el esclarecimiento del caso Gürtel, aceptando ejecutar órdenes fundadas en un interés de partido y contrarias a la ley. Como bien dijo ayer el ministro del Interior, acusaciones semejantes no se pueden realizar en la playa, como hizo Cospedal, o en la inauguración de una exposición, como hizo Rajoy, sino ante los tribunales y con todas las pruebas en la mano. Si el PP creyera lo que denuncia, lo habría hecho. Pero, en lugar de ello, ha optado por promover un juego de equívocos en la confianza de que los ciudadanos se extravíen en los desvíos y señuelos que ha ido sembrando. Eso no es política; son trampas tabernarias.

El desprestigiado Federico Trillo se unió al desastre y volvió a aparecer en escena para presentar las, a su juicio, pruebas del espionaje ilegal y acoso a que está siendo sometido su partido. Sus argumentos -una llamada policial a Camps; una grabación realizada por el ex concejal del PP que destapó el caso Gürtel; la investigación de la FEMP en la etapa de Rita Barberá y el trato policial dispensado a los imputados del caso Palma Arena, asunto sobre el que Interior ha abierto una investigación- oscilaron entre la falsedad y la inexactitud. Olvidó Trillo, claro, que las acusaciones que pesan sobre altos cargos del PP han sido avaladas por media docena de jueces y fiscales en la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Madrid; y que el caso tiene más de cien imputados.

Rajoy, campeón en la exigencia de explicaciones de los demás y último clasificado en ofrecer las propias, compareció ayer en falso. No ofreció ni una de las explicaciones políticas sobre lo que sucede en su partido a que tienen derecho los ciudadanos. Dejó claro, además, que la huida de su partido más allá de los límites de lo políticamente aceptable no es producto del arrebato irresponsable de alguno de sus subordinados, sino una estrategia bien definida: todo vale con tal de evitar que se haga justicia. Semejante aberración no sólo ahonda la fractura entre el Gobierno y la oposición, sino también entre el PP y las instituciones democráticas. ¿Será éste el legado de Rajoy?

FOTOS:

-ElPaís, Rafael Duran y Miguel Romero, Operación anticorrupción, esposados.

-Juan Antonio Roca, Operacion Malaya anticorrpción, esposado.

-Un rumano, por robos, esposado.

-EFE, Ex-secretario del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), Miquel Àngel Bonet, Operacion anticorrupción, esposado.

-El Mundo, Antonio Barrientos Alcalde de Estepona, Operacion anticorrupción, esposado.

-El Plural, Antonio Barrientos Alcalde de Estepona, Operacion anticorrupción, esposado.

-El Solitario, por robos y asesinato, esposado y .....

-Dinio, por Hurto, esposado.

-El Mundo, Amengual, Gonsálbez y Maria Auxiliadora Pérez, Operacion anticorrupcion, esposados.

Exposición de fotografias donde se puede ver que todos los detenidos deben ir ante el juez esposados , ¿Por que al Partido Popular se le deberia tratar de forma diferente que el resto de los ciudadanos cuando es detenido alguno de sus miembros?. ¡Igualdad de justicia para todos!.

EXAMEN PARA DEMÓCRATAS

La capacidad de burla que el PP tiene con las instituciones españolas es insultante para cualquier ciudadano. Ya lo hizo en tiempos de oposición con José María Aznar donde no les importó poner el estado de derecho al borde del abismo con tal de llegar a ser ellos quienes dirigiesen el cotarro en este país. Durante el tiempo que gobernaron, la prepotencia y la arrogancia fluía por cada uno de sus poros –de lo que ahora estamos viendo los resultados-. Y desde que los españoles les expulsaron del gobierno de la Nación, las acometidas contra instituciones democráticas que no controlan, no dejan de asombrar a las personas que creemos en la libertad, la igualdad y la justicia como principios de una sociedad evolucionada. Son las alimañas las que, encontrándose acorraladas y sin salida, embisten contra todo lo que se ponga por delante sin mirar el daño producido, y no las personas, a las que se supone un mínimo de raciocinio antes de derribar todo por lo que su especie ha luchado.

Una de estas actitudes –sin mencionar Gürtel, espías, guateque, baleares, corrupción urbanística, ETA,…- es la que está practicando con el boicoteo programado desde hace varios meses, al nombramiento de Leire Pajín como Senadora por la Comunidad Valenciana, dejando al PSOE con un senador menos de los que le corresponden en la cámara alta del estado. Con este boicot sin precedentes en nuestra democracia, donde es coartado el acceso de un representante del pueblo a una institución, podía hacer que el sistema de reparto de puestos institucionales consensuados democráticamente por el arco de fuerzas políticas –democráticas-, se fuera al traste como consecuencia de la mala follá popular después de 30 años

¿Quien se cree que es el Partido Popular para hacer exámenes de valencianidad o de españolidad a ciudadanos españoles y además, con ideologías diferentes a la suya?. Lo que habría que hacer son, exámenes a los populares que acceden a las instituciones democráticas españolas o a los designados por ellos, para así, comprobar hasta donde llega su compromiso con la Democracia y la Constitución Española, pues viendo como cuesta condenar el franquismo, la animadversión a las investigaciones de crímenes fascistas durante la guerra civil y la dictadura, lo mal que ven las exhumaciones de inocentes en fosas comunes, la oposición a la ley de Memoria Histórica, o el retorcimiento sometido al estado de derecho cada vez que la policía o los jueces se les acercan, no está muy claro cual es el verdadero sentimiento de su patriotismo. Si se hiciera la prueba del algodón democrático, seguramente nos encontraríamos con verdaderas mugres.

Según informan los periódicos, Ricardo Costa ha dicho que, "personalmente", la idea de que Leire Pajín comparezca ante el, le "empieza a parecer atractiva”. Como me suena esto al señorito que hace llamar a la hija de la sirvienta para que le ate los cordones de los zapatos y que después le de las gracias.

Ha hecho bien José Blanco en plantear un veto a los populares en las instituciones que se tienen que renovar para que tomen de su propia medicina. Elena Valenciano, Secretaria de Política Internacional del PSOE, ha dicho que le parece ridículo lo del examen, preguntándose, ¿qué entiende el PP por valencianidad. Tal vez la actitud de Camps, la de Correa, la de El Bigote?, ¿Cuál es la valencianidad que defiende el PP?". Los socialistas valencianos con Jorge Alarte a la cabeza, ha anunciado que se querellaran por prevaricación si continua la situación, e incluso Diputados y Senadores del PNV, de los que ahora se quieren hacer amigos, o de IU y ERC han criticado las intenciones del Partido Popular. Hasta a Basagoiti le da vergüenza la propuesta de sus compañeros valencianos.

Si de verdad son demócratas no deben sentir rencor porque el Estado se active ante los indicios de quienes intentan aprovecharse de él o de sus ciudadanos, sino, dar las gracias porque el Estado funcione y les libre de quienes quieren hacer daño. Un demócrata sabe que a todos los presuntos delincuentes se les debe de tratar en dependencias judiciales y policiales del mismo modo y sin privilegio alguno.

IGUAL QUE A LOS TERRORISTAS

Hay que ver lo mal que ha sentado a los del PP que el Estado active mecanismos para que la legalidad y la justicia sea pulcra en España. No les ha gustado nada de nada que la Fiscalía General del Estado, a través de Anticorrupción, interponga recurso contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia –integrado por el “más que amigo” de Camps- en la que sobresee el proceso judicial contra el Presidente Autonómico Francisco Camps, cargos del Gobierno Valenciano y dirigentes del Partido Popular en la comunidad.

Desde que este caso salió a la luz, el Partido Popular ha embestido contra jueces, Ministros, Comisarios y Policías, periodistas o Fiscales. El todo vale contra quién intenta olisquear la posible existencia de malos olores en las entrañas del PP. Es como si se considerasen intocables, una raza superior a la que los plebeyos no tienen derecho ni a mirar y a la que se debe suponer siempre buen hacer, cuando debería ser todo lo contrario, siendo ellos los primeros en ponerse a la cabeza permitiendo todas las facilidades para la extirpación de una posible trama de corrupción en su seno. Esa es la actitud que debería tener un partido que no para de exigir justicia y orden a todos los demás y nunca se le observa exigírsela a si mismo, es más, siempre culpan a otros de querer hacer daño al PP.- Esto mismo dice y hace la izquierda abertzale, cada vez que la justicia y la policía actúa contra ella-

El Gobierno y su Vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, hacen lo que debe hacer un Gobierno responsable, recurrir aquellas sentencias y autos que tienen visos de desprotección para los ciudadanos, por lo que, al igual que en otras ocasiones en las que intervienen terroristas o sus apologistas, el Gobierno insta a la Fiscalía para que proceda por hechos o sentencias consideradas impresentables, de igual forma debe hacerlo ahora, cuando todo el arco político y social español, excepto el PP y afines, ven cierta alarma social por la insólita interpretación que los jueces valencianos han hecho de una norma penal que afecta a todos los ciudadanos por igual, sea cual sea, su condición social.

El Tribunal Supremo tendrá que dilucidar si es legal hacer regalos –de cualquier cuantía- a políticos y que estos los acepten, por el mero hecho de no intervenir –que se demuestre- en contratos contraídos entre el espléndido dadivoso y la parte de administración que representa. Incluso, deberá explicar, si no es de importancia la procedencia de la dádiva, porque, si en el caso de la Gürtel Valenciana proviene de una trama investigada por corrupción, habrá quien pueda preguntarse si, ¿es legal que la organización terrorista ETA o su entorno, hagan regalos a políticos, mientras no se demuestre que estos, intervienen en procesos en los que este inmiscuida la banda terrorista?.

Parece que el Tribunal Supremo se lo va a tomar con calma y nos hará esperar un añito su decisión para ver que significa eso de joderse, aguantarse y a resignarse que dice Fabra. Cerca estarán las elecciones Autonómicas y Municipales. Hasta entonces observaremos y nos asombraremos de las piruetas que el PP hace con las salpicaduras de la trama Gúrtel Madrileña, los camaradas espiados cual Mortadelo y Filemón ,y el Guateque montado en el Ayuntamiento de Madrid.

NOTA.- Detenidos en Palma de Mallorca un líder del PP, un director de deportes de Matas y varios mas en una redada anticorrupción

REID, REID, MALDITOS

Bueeno, bueeeno, bueeeeeno,………. Hace tiempo que desde esta ventana venia diciendo que el Caso Gürtel Valenciano acabaría en la papelera y, ¡HALE HOP!, he ahí la respuesta del Tribunal Superior de Justicia, integrado por el amigo del Presidente Valenciano, Francisco Camps, decidiendo el sobreseimiento de la causa de los trajes, al observar los jueces valencianos legalidad en que Camps aceptara regalos de la trama corrupta. Primeramente no se permitió que se investigara en Valencia el resto de la Gürtel y ahora, con esta decisión, han subido uno o dos escalones para terminar con el posible juicio y una posible condena, que hubiera abierto una brecha en la línea de flotación del Partido Popular.

Según informaciones periodísticas, el PP ha estado en contacto permanente con los magistrados del tribunal que ha decidido sobreseer esta causa contra Camps, Costa y varios más, siendo el impresentable de Federico Trillo –El del Yak-42, los 62 militares muertos y mal enterrados, y los mandos condenados- el encargado de este trabajito. Toda una estrategia, aunque no haya dado los frutos deseados con la unanimidad de los magistrados, pues hay uno, Juan Montero, propuesto por el PP, quien ha dejado constancia de sus dudas sobre si los hechos que se imputaban no son constitutivos de delito.

La ley es interpretable y eso los propios jueces lo saben muy bien. En este caso la interpretación ha sido la más favorable a los intereses de políticos y cargos de la derecha. Tengo la impresión de que esta interpretación no hubiera sido la misma de haber sido los presuntos, gentes de izquierdas o simplemente unos ciudadanos cualquiera. Deberían salir a la luz todos aquellos que han sido condenados en alguna ocasión por cohecho, para comparar las diferencias de trato en un mismo país y Código Penal. Camps ha dado las gracias al Tribunal Superior de Justicia.

El PSPV-PSOE, que ejercía la acusación popular, ha anunciado que presentará recurso de casación contra el auto de TSJ de Valencia ante la sala segunda del Tribunal Supremo. -¿Y ya está?, ¿Hasta ahí llegan?-.. La Fiscalía Anticorrupción, siguiendo con su estupendo trabajo, también ha anunciado que recurrirá ante el Supremo el archivo de la causa contra Francisco Camps y Cia. en Valencia, por ser contraria a derecho y a la propia doctrina del Tribunal Supremo.

¿Y que hará esa mitad de España a la que SÍ importa la corrupción de nuestros políticos?, ¿Va a seguir ensimismada viendo como las derechas se ríen en sus narices?, ¿Va a asumir que la derecha –la que sea- puede pasarse por donde la salga los principios de nuestra Constitución?, ¿Ni tan siquiera va a pedir un poco de ética en la política?, ¿Tan inferior y desinformada se encuentra esta media España que es incapaz de clamar contra la prepotencia de los pedigríes intolerantes?

Esta es la justicia española, la que permitimos nos juzgue. Y estos los jueces que nos juzgan, los que permitimos nos juzguen. Si es esto lo que queremos, seguiremos consintiéndolo. De momento, ya sabemos que los políticos españoles pueden recibir regalos, aunque sean de tramas corruptas, y mentir descaradamente a los ciudadanos en sus Parlamentos cuando dicen que han pagado lo que les regalan.

*P.D.- El Tribunal Supremo y el Constitucional os esperan.

*P.D -bis-.- La inquisición es conservadora y cristina –Lelo-.

FOTO: El Pais-Sciammarella

LECTURAS DE VERANO

EDITORIAL, El País 02/07/09
Fin de curso político

El curso político se ha cerrado esta semana con preocupación para el Gobierno y alivio para el Partido Popular, a tenor del barómetro de julio del Centro de Investigaciones Sociológicas, que no ha hecho sino confirmar la tendencia observada por la mayor parte de los últimos sondeos. Por primera vez desde las elecciones de 2004, los populares aventajan a los socialistas en las preferencias electorales de los ciudadanos. Y, por primera vez también, la totalidad del Ejecutivo, incluido su presidente, no alcanza el aprobado en su gestión. Tampoco los líderes de los dos grandes partidos salen bien parados: Mariano Rajoy sigue sin generar confianza entre los encuestados y la credibilidad de Zapatero, aunque mayor que la del líder del PP, parece encontrarse en imparable caída.
La irrupción de la crisis económica en la agenda política ha invalidado una de las principales estrategias del Ejecutivo durante los últimos años, consistente en marcar las diferencias con el PP en asuntos de fuerte contenido ideológico, como la separación entre Iglesia y Estado, la memoria histórica o leyes como la del aborto. También ha puesto en entredicho la relevancia concedida en La Moncloa a las cuestiones de imagen, superior en muchos casos a la solvencia técnica o la eficacia de las iniciativas económicas. La crisis exige intervenir sobre la realidad, no presentarla de otra manera, y es ahí donde el Gobierno arrastra un pesado lastre desde que trató de minimizar e, incluso, negar la recesión.
El PP, por su parte, ha actuado como si pretendiera trasladar a los sondeos la capacidad exculpatoria para los casos de corrupción que antes sólo atribuía a las victorias electorales. Una cosa es, así, que los ciudadanos no castiguen a los populares por el caso Gürtel y otra distinta dejar manos libres a los imputados para seguir en sus puestos o no. Bárcenas se ha ido, pero Camps mantiene el doble discurso de proclamar su deseo de explicarse ante los jueces y evitar hacerlo por todos los medios. Los tribunales de justicia han considerado que los indicios son suficientes para imputar a algunos cargos electos del PP. Con la negativa a exigirles responsabilidades, el PP sostiene que su evaluación es diferente. Sólo que no le corresponde al PP evaluar indicios, sino dar una respuesta política a la decisión de imputar que han adoptado los tribunales.
La manera en la que Gobierno y oposición gestionen la agenda a la vuelta del verano resultará determinante para la consolidación, o no, del giro electoral que apuntan los sondeos. El Ejecutivo se enfrenta a la aprobación de unos presupuestos de crisis, a la eventual reanudación del diálogo social, a la presidencia de turno de la Unión Europea y a unos Ayuntamientos sin financiación. Los populares confían en que esta agenda, por sí sola, acabará derrotando al Gobierno. De ahí que no ofrezcan alternativas ni sean rigurosos contra la corrupción. No obtienen nuevos apoyos, pero contemplan sin moverse cómo los socialistas pierden los suyos.